La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local revocará el derecho a dedicación exclusiva a gran parte de los concejales de los municipios de menos de 50.000 habitantes e incluso permitirá reducir considerablemente el número de estos en las grandes ciudades. Según Montoro, de los 68.285 concejales que hay actualmente en España, sólo 12.188 mantendrán el derecho a un sueldo por sus funciones. No se salvarán tampoco los alcaldes, que tal y como se venía rumoreando desde hace un tiempo, sufrirán un importante descenso en sus remuneraciones. Para aquellas ciudades de más de 500.000 habitantes, sus alcaldes podrán cobrar como máximo el sueldo de un secretario de Estado, que ronda entre 95.000 y 100.000 euros brutos anuales. Por debajo de este nivel de población, los sueldos máximos de los alcaldes se calcularán en función del tamaño de su municipio a través de un coeficiente, hasta llegar a sueldo cero para los máximos responsables de los pueblos menores de 1.000 habitantes.
El paso del tiempo nos dirá si la reducción del pastel y de los comensales convierte a la política local en un manjar menos deseable. Lo que no se puede permitir de ninguna manera es que la política local sea interpretada como una oportunidad laboral por muchos individuos, gran parte de ellos sin la cualificación académica más básica, que ven en ser concejal una forma de ganarse la vida. Sin embargo, ¿deberíamos preocuparnos por el hecho de que algún concejal avispado se crea con derecho a recibir en B lo que la legislación le impide cobrar legalmente?
Lo que creo que ya nadie duda a estas alturas de la película es que la organización de la política local necesita algo más que un lavado de cara. La profesionalización de la misma, su factor hereditario, el cortijeo y los sueldos estratosféricos no tienen cabida en una sociedad desarrollada como la nuestra. Lo público está sobredimensionado y urge acabar con esta administración local tan pesada hasta transformarla en más pequeña y eficiente. ¿Lo conseguirá esta reforma?
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