La semana pasada el Gobierno aprobó una reforma de la administración local que va en la buena dirección. Quizá es poco ambiciosa, pero aborda de una vez por todas la discrecionalidad de algunos alcaldes que manejaban dinero público como si fuera suyo.
Es cierto que todavía queda la corrupción, ya que los ayuntamientos podrán seguir gastando dinero e intentando desviar parte de lo gastado a sus bolsillos. Pero con esta reforma por lo menos hay límites a lo que pueden cobrar legalmente. No podrá haber alcaldes de pueblos que cobren más que el Presidente del Gobierno.
Y esta reforma debería ampliarse a toda la administración. Los sueldos de los cargos electos deberían estar regulados de forma estricta, al igual que ahora lo están los de los alcaldes. Es absurdo que haya tantas diferencias entre sueldos de Consejeros y Presidentes de Comunidades Autónomas e incluso que ahora mismo los Secretarios de Estado cobren más que los Ministros o que el Presidente del Gobierno cobre casi la mitad que el Presidente del Senado. Y por supuesto todo el tema de las dietas debería desaparecer por transparencia.
En un mundo ideal todo esto daría igual, ya que los ciudadanos controlarían a sus políticos y no tolerarían sus excesos. Pero en la práctica saber los sueldos no es tan sencillo y que los políticos se suban los sueldos de forma arbitraria nos afecta poco al bolsillo de forma directa, aunque de forma indirecta sí: la política acaba llamando a quienes quieren enriquecerse de forma rápida y no por vocación de servicio público.
Esta ley debe ser el principio para la racionalización de los salarios de los políticos. Desgraciadamente parece que se limitará a los ayuntamientos, aunque también es cierto que es donde más descontrol había. Esperemos que el Gobierno sea más ambicioso la próxima vez.
En El Blog Salmón | Tijeretazo a los sueldos de asesores, concejales, alcaldes y personal contratado a dedo