El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la ley de Sanidad de Madrid que permitía externalizar la gestión de varios hospitales a empresas privadas. El TC ha asegurado que siempre que la titularidad de la prestación del servicio siga siendo pública la Constitución no exige que la gestión lo sea.
Esto que dice el TC es algo con lo que yo estoy bastante de acuerdo, como he explicado en otras ocasiones. Los servicios públicos deben ser de titularidad pública, y la gestión de los mismos debe ser por la vía de la eficiencia, ya sea de forma directa o externalizada. Ahora bien, esto no es lo importante en el caso de Madrid. Lo importante en el caso de la externalización de Madrid es que fue un escándalo, que no se buscaba la eficiencia.
Si recordamos cómo fue la externalización de la gestión hospitalaria en Madrid veremos que a las licitaciones sólo se presentó una empresa. Es decir, hubo un pacto entre las empresas que se presentaron a los concursos para que no hubiera competición entre ellas. Cualquiera con dos dedos de frente habría anulado los concursos pero la Comunidad de Madrid siguió adelante y tuvo que recular en los tribunales.
Además no está nada claro que en el sector sanitario la gestión externa por parte de empresas privadas sea más eficiente, ni mucho menos. De hecho el modelo español mayoritario (gestión directa) es de los más baratos del mundo y si algo es barato no hay por qué cambiarlo. Madrid no estaba buscando una gestión más eficiente para los ciudadanos sino otra cosa.
El debate sobre la gestión de las prestaciones pública debe girar entorno a los números y en España únicamente gira entorno a la ideología de los partidos. Me ha hecho mucha gracia que Esperanza Aguirre haya dicho que la sentencia del TC avala su gestión y que era lo mejor para los madrileños cuando no se desglosaron números de esta externalización, no hubo debate sobre los costes y la adjudicación fue un escándalo.
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