El Intermedio ha constatado cómo la Teniente Alcalde de Madrid, Ana Botella, acude a la peluquería acompañada de sus guardaespaldas en sus correspondientes vehículos oficiales. Al igual que en el caso de los desplazamientos del presidente del Gobierno y resto de politicos de alto nivel, la seguridad personal no entiende de horas de trabajo ni de actividades y en todos los casos, el uso de los recursos públicos está puesto a disposición de ellos las 24 horas del día.
Pero el caso es que, cuando evaluamos medidas de ahorro a tutti pleni, se recortan náominas de funcionarios, pensiones, suben los impuestos e incluso se restringe la velocidad en las autovías con la bandera del ahorro público y disminución del déficit comercial, este tipo de hechos, le revuelven las tripas a la opinión pública. En esta situación, una reconsideración de la figura de nuestros políticos, debe sustentarse sobre un debate claro entre lo que es seguridad y gasto necesario o despilfarro.
No me vale la justificación de que “el partido XXX lo hace más que el partido YYY” dado que en el fondo, lo realmente importante es el debate abierto sobre la gestión de los recursos públicos y dónde se encuentra el límite entre gasto razonable y despilfarro. Actualmente, este límite se coloca de manera arbitraria por la opinión pública en función de las siglas que represente el político que incurre en el exceso, al igual que unos políticos se arrojan a otros los gastos que cada uno de ellos realiza.
Pero nuestra situación macroeconómica dista mucho de ser holgada y la propia población debe exigir a todos sus representantes un uso racional de los recursos con los que cuentan actualmente. El caso particular que nos trae a colación, no se resume en el hecho de asistir a la peluquería, sino en el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos.
Es obvio que no existe un uso racional de los mismos y que este uso se carga siempre sobre los bienes públicos y no existe justificación economica que valga. El problema es que muchos de estos políticos están amenazados y son objetivo de terroristas o incluso delincuentes comunes ¿cómo se compatibiliza seguridad y recursos públicos? El debate está servido.
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Imagen | PP Madrid