La mano de Montoro se abre para las Comunidades Autónomas y es que las Comunidades podrán asumir un ligero incremento del déficit, de tan sólo una décima más en el ejercicio de 2018. Por ello, el objetivo de déficit pasa a ser del 0,3% hasta el 0,4%, lo que supone alrededor de 1.000 millones más de margen.
Todo ello se aprobado en el Consejo de política Fiscal y financiera (CPFF) que reúne al gobierno y a las diferentes comunidades autónomas. También se han establecido modificaciones en los siguientes déficits. Para el ejercicio 2019, podrán registrar un déficit del 0,1% frente al 0% anterior y finalmente, registrar un equilibrio presupuestario en el año 2020.
Todo ésto queda enmarcado dentro de la senda prevista del cumplimiento de los objetivos de déficit del 2,2% del PIB en el próximo año 2018 -año en el que España abandonará el procedimiento de déficit excesivo-, del 1,3% del PIB para 2019 y del 0,5% para 2020.
¿Por qué se concede margen a las comunidades autónomas?
Se ha decidido conceder una mayor capacidad de desequilibrio presupuestario en las Comunidades Autónomas debido a que se prevé que los buenos datos de la Seguridad Social mejorarán en los próximos años.
Los ingresos, en concepto de cotizaciones, se prevé que sigan su senda positiva, así como nuevos ingresos procedentes de la negociación colectiva que se traduciría en una subida salarial que aumentará también el ingreso en las cotizaciones.
Pensemos que para la obtención del déficit objetivo contribuyen todas las administraciones públicas: administración central, Comunidades Autónomas, entidades locales y la Seguridad Social. Por lo que si una de estas administraciones registra unos mejores ingresos, se puede admitir que otra administración "se pase de la raya" en el equilibrio presupuestario, sin que ésto afecte al global del déficit comprometido con Bruselas.
Todo queda en una redistribución dentro de las administraciones públicas, de modo que el objetivo déficit global para el ejercicio 2018 seguirá siendo del -2,2% del PIB.
Los últimos datos sobre la evolución del empleo y la Seguridad Social
Los últimos datos conocidos sobre la evolución del empleo de la Seguridad Social nos muestran una clara tendencia positiva incluso mejoran las expectativas y previsiones que se habían realizado desde el gobierno previamente. Y por todo ello se ha podido reconsiderar la distribución del objetivo de déficit para los siguientes años.
En el mes de junio se registrado un total de parados de 3.362.811, lo que supone en términos de variación anual, 404.243 parados menos o lo que es lo mismo un descenso del desempleo del 10,73%.
Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ya asciende a 18.433.107 de afiliados, 672.837 más que hace un año, un incremento del 3,79%, el mejor dato de la serie histórica tanto en términos absolutos como relativos.
Uno de los colectivos más beneficiados de la evolución positiva en la afiliación de la Seguridad Social son las mujeres que volvieron el mes pasado a marcar un nuevo récord, totalizando 8.506.480 trabajadoras lo que representa el mejor dato de la serie histórica.
Todo ésto se traduce en que los fondos de la Seguridad Social han registrado un superávit que alcanza los 1.888 millones de euros, una cifra superior en un 11,8% al registrado en el mismo periodo del año anterior. Hay que destacar la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales que sea incrementado un 4,7% hasta el mes de abril, mientras que en el año anterior el crecimiento era del 3,1%.
¿Cómo está evoluciónando el déficit público en este año?
Los últimos datos de déficit público hacen referencia al primer trimestre del año en el que se muestra que el déficit consolidado de las administraciones públicas ha sido reducido hasta el 0,37% del PIB. Esta cifra equivale a un 45,6% menos que el mismo periodo del año anterior.
Por un Lado tenemos que el superávit de las corporaciones locales aumenta más del doble frente al primer trimestre del año anterior, pasando de los 675 millones de euros en marzo de 2016 hasta los 1.475 millones de marzo de este año.
El estado ha registrado en mayo un déficit equivale al 1,39% del PIB, con una disminución de los gastos no financieros del 4,5% y a su vez, un incremento de los ingresos del 6,3%, gracias al incremento de los supuestos corrientes sobre la renta y patrimonio que crecen un 15,8% hasta alcanzar los 17.268 millones.
El déficit de administración central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social acumulado hasta el mes de abril equivale al 0,79% del PIB, lo que significa un 31,2% inferior al dato registrado en el mismo mes del año anterior. En esta cifra se excluye el saldo neto de ayudas a algunas instituciones financieras que al final es del mes de abril presentó un importe negativo de 264 millones de euros.
España crece al 3% y aún persiste en su senda de déficit público
La mala noticia es que España sigue en la senda de déficit público, aunque se va reduciendo muy paulatinamente. Mientras que los países nórdicos tienen marcado a fuego la estabilidad presupuestaria, España sólo ha mostrado estabilidad presupuestaria cuando ha recibido los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria.
Dado que nos encontramos en una situación en la que el crecimiento de la economía española es del 3% y con la inflación, llegaremos a una cifra nominal del 4% o más. Por otra parte, los actuales objetivos que maneja el gobierno es que para el total de administraciones públicas alcancen una deuda pública sobre PIB del 97,6% en 2018, del 95,4% en 2019 y del 92,5% en 2020.
Como podemos ver, la deuda pública bajaría a un ritmo de alrededor de tres puntos porcentuales, que sumados al déficit público objetivo quedaría alrededor de la cifra final del 4% que nos refleja el crecimiento de la economía nominal.
El problema de todo ésto es que tenemos una elevada deuda pública que en el supuesto de pinchazo de la burbuja de bonos actuales tendremos serios dificultades para refinanciar el actual volumen de deuda en los mercados y en consecuencia, la partida de intereses sería sustancialmente incrementada, perjudicando al resto de partidas presupuestarias.
La política monetaria no convencional del Banco Central Europeo no durará toda la vida y las acciones intervencionistas en el mercado secundario deuda se irán reduciendo, afectando a los bonos cotizados con un incremento de la rentabilidad, mientras que las futuras subidas de tipos de interés perjudicarán a la deuda de corto plazo.
Este es el problema de una acción de gobierno blanda con el déficit público que ha sido manejado de manera muy laxa, y ante la desaparición de los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria decidieron mantener el ritmo de gasto público aunque con ligeros descensos en los últimos años que han sido incapaces de equilibrar las cuentas públicas.