Advertencia (o como diría un pijo, disclaimer): el presente post es un mero ejercicio de provocación, sin intención de ser una toma de postura sobre el asunto de fondo. Busca animar el cotarro del blog en un fin de semana de operación salida. Sin perjuicio de ello, seguro que del debate que se suscite todos saldremos ganando. Y, aunque se publique hoy, juro por las obras completas de Lenin que abordar esta vertiente de la relación entre economía y sistema electoral lo tenía pensado mucho antes de nuestro Gran Timonel decidiese convocar elecciones.
Me resultaría fácil encontrar posts donde, en relación con la lucha contra el fraude fiscal se atiende a la máxima de Maquiavelo: el fin justifica los medios (aunque no fue exactamente eso lo que dijo o quería decir). Si hay que violar las leyes, propias o ajenas, para perseguir al presunto defraudador fiscal, que se haga: que se robe, que se soborne, que se incumplan plazos, que se dicten resoluciones arbitrarias, etc. El cobro del tributo, por su carácter social, público, beatifica dichas prácticas, ignorando la vieja teoria de los frutos del árbol envenenado. Con el problema añadio de que, incluso con ese abono, el árbol es poco productivo. Así que ya puestos, y en aras del bien común, propongo repensar como opción el sufragio censitario.
Algunos ni recordarán lo que era. Breve recordatorio: bastante antes del sufragio universal masculino, únicamente limitado por la edad, la capacidad para ser elector y para ser elegido requería determinados requisitos. Digamos que en origen, el censo electoral venía a ser el censo fiscal, el de los contribuyentes. Vamos, el de los burgueses que habían propiciado las primeras revoluciones liberales. Era ciudadano en plenitud de sus derechos políticos aquel que contribuía a los gastos públicos en un determinado importe, y ese era el que podía decidir, por activa y por pasiva.
¿Justificaciones que se podían encontrar a dicho modelo? Muchas. Teníamos la práctica del yo-me-lo-guiso-yo-me-lo-como de la burguesía, claramente beneficiada por el modelo que había propuesto y financiado. Pero también las patrimonialistas que establecían paralelismos entre propiedad privada y participación pública en función de los gastos soportados, o las de aquellos que pensaban que solo los que habían demostrado la capacidad de generar dichas rentas podían tener las condiciones intelectuales suficientes para participar en la gestión de la res pública (lógicamente, de seguirse esa linea, en algunos modelos electorales se exigían alternativamente ciertos niveles de estudios).
Lo cierto es que el modelo del sufragio censitario hace mucho que quedo arrumbado en el baúl de los tiempos. Algún retazo podíamos ver en Hollywood, cuando el ciudadano indignado se dirigía al policía con un “oiga, que yo pago mis impuestos”, “oiga que soy un contribuyente” La memoria colectiva le recordaba al ciudadano que un argumento de peso para exigir sus derechos ante la Administración partía de la base de que cumplía con sus obligaciones respecto de la misma. Y ahí quería llegar yo.
Uno de los problemas del actual Estado del Bienestar, desde esta restringida visión, es su perdida de legitimación y adhesión, por múltiples causas, pero entre otras debido a que hace tiempo que algo se ha roto: la clase media financia cada vez en mayor medida dicho modelo, en parte por los gastos crecientes, en parte por el propio adelgazamiento de dicha clase media. Y eso es peligroso, ya que el sostén de este tipo de Estados es precisamente dicha clase social, que ve como su condición de sujeto pasivo fiscal se agrava por momentos, sin reportarle las ventajas de antaño. No es de extrañar cierta desafección.
Pues bien, ya que todo es relativo, ya que el fin justifica los medios, ya que todo vale para recaudar, que tal si retomamos el sufragio censitario, que tal si premiamos electoralmente a aquellos que pagan impuestos, o que lo hacen por encima de determinadas cantidades. Podemos hablar del establecimiento de una cámara de representantes específica, o de un modulo determinado que permita el voto ponderado, y ya puestos permitir el voto de las personas jurídicas. Obviamente todo ello con un blindaje constitucional del marco fiscal para evitar tentaciones a los nuevos electores, que de todos modos se verían frenados por el nuevo poder que hubiesen adquirido.
El asunto sería tan divertido que cabría que se diese el fraude fiscal inverso, es decir, gente que pagase impuestos por ganancias falsas, todo con tal de incrementar su peso electoral.
Ahora que nos hemos reído todos un rato solicito un momento de seriedad: ¿para cuándo un reconocimiento a aquellos contribuyentes que sostienen este tinglado? Si hasta a los donantes de sangre veteranos les ponen una insignia algo habrá que hacer para aquellos ciudadanos que se dedican a financiar esta sociedad. Y creo que el mero agradecimiento formal llega tarde, algún otro tipo de compensación habrán de tener. ¿Alguna idea de como premiar a Juan Contribuyente?
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