Algo huele a podrido en Bankia y se percibe a leguas. Al menos, así ha debido pensarlo la Fiscalía Anticorrupción ya que acaba de saltar la noticia de que esta ha abierto diligencias de investigación para averiguar lo sucedido en Bankia. Las sospechas de todo un país se confirman y ahora la pelota está en el tejado de la justicia, que tiene una oportunidad inmejorable de poner las cosas en su sitio y mejorar su imagen por el camino, bastante desgastada en los últimos años.
Al parecer, la investigación comenzó el pasado 28 de mayo, en mitad de la tormenta que giraba en torno a la entidad del ex presidente Rato. Sin embargo, no han querido hacerlo público hasta ahora para evitar el hundimiento en el parqué de Bankia y el consiguiente tsunami financiero que ello provocaría.
En concreto, son dos los aspectos en los que Anticorrupción considera que podría haber indicios de delito: la fusión de las siete cajas de ahorro que conforman Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja), que ya explicamos en estas páginas, y la posterior salida a Bolsa de la entidad.
Me pregunto hasta qué punto la presión pública unida a la denuncia de la polémica Manos Limpias han ejercido presión para que Bankia acabe a los pies de los tribunales. Como he señalado al principio y como todos pensamos: algo huele a podrido ahí dentro y depurar responsabilidades es más que una obligación por parte de las autoridades. Si alguien ha hecho algo mal, que lo pague.
No debemos olvidar que los más de 24.000 millones de euros necesarios para el saneamiento y nacionalización de Bankia proceden de los ya desgastados bolsillos de los contribuyentes españoles, que ven como el Estado vuelve a cargar en ellos las consecuencias de la mala gestión de unos pocos directivos que primero arruinan Bankia y luego abandonan el barco con indemnizaciones millonarias bajo el brazo.
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