Supongo que más de uno habrá escuchado las declaraciones de Esperanza Aguirre, señalando que la huelga general era una huelga política y por tanto era ilegal. Es posible que os haya descolocado, que haya quien se pregunte si era ilegal la huelga general. Para ello habrá que distinguir entre huelgas políticas de las que no lo son, y posteriormente comprobar lo que dice nuestra ley y la jurisprudencia sobre las huelgas políticas.
Para empezar, el marco legal de la huelga en España da pena. Es un marco preconstitucional y predemodocrático, el Real Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo 17/1977 de 4 de marzo. En él, los sindicatos y la izquierda parecen estar cómodos, y no parece molestarles su label democrático-orgánico. Luego podremos entender las razones de tal comodidad. Veamos su artículo 11, que define las huelgas ilegales.
La huelga es ilegal:
Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de los trabajadores afectados.
Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo.
Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Decreto-ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos.
En una primera aproximación, nuestra legislación señala las huelgas políticas como huelgas ilegales. Es posible que sorprenda a más de uno, habida cuenta de las huelgas generales que hemos vivido en este país, y que, en puridad, resulta imposible calificar como otra que huelgas políticas (por no hablar de huelgas generales en determinados territorios inspiradas por movimientos nacionalistas). ¿Tiene por tanto razón Aguirre? Pues si pero no.
El Tribunal Constitucional, en el año 81, valida la constitucionalidad de este Real decreto, y la posterior jurisprudencia constitucional al respecto ha ido determinando lo que se entiende por huelga política y por tanto ilegal. De este modo ha considerado legales las huelgas generales del 85, 88 y 94, de hecho las únicas que han pasado por su filtro. Para ello ha determinado que no son huelgas políticas puras aquellas que van contra las medidas laborales adoptadas por el Gobierno, al afectar interés profesional de los trabajadores convocados. Es lo que no cuenta Esperanza.
¿Conclusión? Ninguna huelga general va a ser considerada política si se lo saben montar bien, ergo, la huelga general es legal.
Digamos que el TC, como ha hecho con buena parte de la normativa comentada, reinterpreta la realidad social y el texto normativo a su gusto. Al gusto de los movimientos sindicales que, como ya comentábamos, no quieren oír hablar de una Ley de Huelga elaborada por un parlamento democrático, lo que no deja de ser muy triste.
Y es que, dejando de lado temas como el de los piquetes, los servicios mínimos, y otros tantos que debieran tener un reflejo normativo actualizado, la legalidad de las huelgas generales no deja de ser otra cosa que un pulso al principio democrático, a la soberanía popular encarnada en el Parlamento. Tanto rollo con los mercados, los alemanes, y el sunsuncorda, y al final resulta que los mismos que se quejan apuestan por vías tan democráticas como la huelga general para dictar la agenda política en un Estado democrático y de Derecho.
Hay que ver. Yo que decía que la soberanía era un concepto sobrevalorado y éstos mismos me apedreaban por ello, los mismos a los que siempre les ha importado un pimiento dicha soberanía, si no podían utilizarla para expropiar a la gente su patrimonio u obligarlas a pensar de una determinada manera.
No sé si serán conscientes de que este abuso del derecho de huelga, unido a otros tantos, lo que acaba produciendo es una erosión de esta herramienta. Cosa de la que me alegro. En el pecado va la penitencia.
En El Blog Salmón | La Ley de huelga y los jueces, No tan solos ante el peligro
Más información | Confederación de empresarios de Navarra, otromadrid.org, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Diario de Jaén