¿Podrá el nuevo Gobierno de coalición destrozar más aún el mercado laboral?

Pedro Sánchez ya ha sido elegido presidente del Gobierno de España, y cuando forme su Ejecutivo, tocará tratar de poner en práctica aquello comprometido con sus socios de investidura.

Entre los diferentes pactos acordados, hay que destacar la firme predisposición para derogar la reforma laboral que emprendió el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que fue uno de sus mayores emblemas económicos en la tapa de expansión económica que hemos vivido en los últimos años con una sólida creación de empleo.

El año pasado ya vimos cómo el Gobierno de Pedro Sánchez fue capaz de poner freno la dinámica positiva del mercado laboral en la que los niveles de desempleo se iban reduciendo a un ritmo sólido y constante.

Y es que tras la aprobación del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, una subida del 23%, los más perjudicados fueron aquellos trabajadores con los menores niveles de productividad.

Hoy no solo hemos visto la ralentización de la caída del desempleo hasta tasas ridículas del 1,21% (dato interanual del mes de diciembre), sino que ya han experimentado un incremento del desempleo frente a los 12 últimos meses anteriores en determinados grupos que repasamos a continuación.

En primer lugar, debemos de citar al sector agrícola que hoy ya ha visto como el número de desempleados se ha incrementado en los últimos 12 meses en 2.189 desempleados, una subida del 1,58%. Unas cifras muy diferentes a las vistas en diciembre de 2018 que se veían una caída del desempleo en 16.340 parados, un descenso del 10,53%.

Los jóvenes menores de 25 años han sido otro de esos colectivos dañados. Han experimentado una muy ligera reducción de los niveles de desempleo de solo 506 desempleados. En el caso específico de los jóvenes menores de 25 años varones ya se ha visto un incremento de 942 parados más en diciembre de 2019 frente al mismo mes de año anterior.

También tenemos que enfocar el colectivo de trabajadores de países extracomunitarios cómo damnificados. En diciembre de 2018 este grupo presentaba un total de 250.010 parados y en diciembre de 2019 se incrementó hasta los 255.144 parados, 5.134 nuevos parados y un incremento del 2,05%.

No cabe duda el salario mínimo ha perjudicado a los grupos más desfavorecidos, pero el gobierno de Pedro Sánchez puede hacerlo "mejor" aún y hundir, aún más, todo aquello que se ha conseguido en los últimos años en relación a la creación de puestos de trabajo.

Subir el SMI a 1.200 euros, otro error

Si la subida del SMI a 900 euros fue un error, la subida propuesta en esta legislatura hacia los 1.200 euros (objetivo 2023), no sería más que otro error que reforzaría los resultados vividos en 2019.

Recordemos que a día de hoy el paro sigue siendo la principal fuente de preocupación de los españoles y también, para aquellos que les importa los niveles de desigualdad, es la mayor causa existente desigualdad ya que se impide la obtención de renta vía el trabajo para satisfacer las necesidades de consumo.

Los principales perjudicados no son aquellos trabajadores que disfrutan de rentas altas o se encuentran cerca de la renta modal sino aquellos que se encuentran con la necesidad de incorporarse en el mercado laboral legal y que la barrera de entrada vía SMI les impide, a toda costa, su acceso, permaneciendo en el paro o el mercado negro.

Es muy fácil de entender. Para que se produzcan contrataciones un empleo debe generar más para la empresa que el coste asumido. Si se establece un coste mínimo legal, el empresario debe seguir rentabilizando ese coste si no quiere imputarse pérdidas contra el capital de su empresa el proceso de contratación.

Cuánto mayor sea el nivel del coste mínimo legal que establece el SMI, más difícil es rentabilizar ese puesto de trabajo y por lo tanto, más difícil es contratar. De ahí que durante 2019, hayamos presenciado pésimos resultados del sector agrícola, jóvenes o inmigrantes específicamente. No es casualidad.

Recordemos que no son esos 900 euros el coste del trabajador sino que hay que añadir las cotizaciones sociales que se suman al global del coste laboral. Anteriormente a la subida del SMI, el empresario debía rentabilizar algo más de 1.200 euros por trabajador. Tras la subida, los niveles mínimos escalaron a 1.540 euros. Si no se rentabiliza, no tiene sentido mantener esos trabajadores en plantilla y se reparte esa carga laboral con el resto de los trabajadores, haciéndolos más productivos por unidad de tiempo y permitiendo la rentabilidad.

Si se pretende seguir incrementando los costes laborales las consecuencias serán las mismas: Menos oportunidades para los trabajadores menos productivos, aquellos que tiene mayores necesidades para incorporarse al mercado laboral legal.

Derogar la flexibilidad laboral para volver a mecanismos de rigidez

La subida del SMI se consiguió realizar gracias a un Real Decreto Ley del Gobierno de Sánchez, pero recordemos que los objetivos del nuevo Ejecutivo son más ambiciosos y quieren acabar con la reforma laboral existente. Esto quedó especificado en el punto 1.3 del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Probablemente uno de los aspectos más interesantes de analizar es que la actual legislación laboral prevalece al convenio de empresa frente al convenio sectorial, lo que concede una mayor capacidad de ajuste según la empresa a la que nos refiramos para pactar las condiciones laborales, es decir flexibilidad laboral.

Si volvemos a convenios laborales marcados por el sector, tal y cómo se apunta en el pacto, muchas empresas, dentro de las pymes españolas, no serían capaces de alcanzar esos estándares regidos por el sector. Y si no puede adaptarse, o bien se extingue la empresa (y los trabajadores que integran la fuerza laboral) o bien opta por esquivar, de forma irregular y asumiendo el riesgo legal del convenio sectorial, manteniendo la empresa activa.

Volver a una legislación laboral responsable de un paro estructural del 18% mantenido en la etapa democrática de España, es un error. Y hoy, con nubarrones económicos en el horizonte no es el mejor momento para revertir aquello que ha funcionado y volver a poner trabas al buen funcionamiento del mercado laboral.

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