Uno de los grandes problemas que enfrenta el mercado inmobiliario es la ocupación. Según el Sistema Estadístico de Delitos (SEC) del Ministerio del Interior, 14.621 inmuebles fueron ocupados ilegalmente en España en 2019. En 2015, la cifra fue aún mayor de un total de 22.461.
Ahora estamos en crisis, y para este año se espera las cifras podrían volver a subir porque los ocupantes ilegales aprovechan ahora el alto volumen de pisos y casas vacíos en los puntos turísticos de la costa, dada la baja ocupación de vacaciones causada por la pandemia del coronavirus y las posteriores restricciones de desplazamiento.
Las cifras oficiales que se acaban de publicar dan testimonio del creciente problema. En el primer semestre de 2020 se reportaron a la policía 7.450 nuevos casos de posesión adversa, en comparación con 7.093 en el mismo período del año pasado, un aumento del 5%. Entre 2018 y 2019 el número de casos de posesión adversa denunciados a las autoridades pasó de 12.214 a 14.621, un incremento del 20%.
La legislación española no ayuda precisamente a combatir este fenómeno. La ocupación de bienes ajenos constituye un delito en España, según establece el artículo 245 del Código Penal español: "Quien ocupe, sin la debida autorización, un inmueble, vivienda o edificio ajeno y que no constituya su residencia, o permanece en el inmueble en contra de la voluntad del dueño, será sancionado con hasta tres a seis meses de prisión".
A pesar de esto, las condenas en España es de menos de dos años de prisión no suelen llevarse a cabo, lo que difícilmente actúa como una disuasión para los "okupas".
Otro frente para abordar es que la legislación española diferencia entre "usurpación" (apropiación indebida) y "allanamiento de morada", siendo el factor determinante si el inmueble está habitado o no. En España, depende de la interpretación del juez si entrar en una propiedad vacía (usurpación) es un delito, y el consenso general según el Código Penal de 1995 es que solo los incidentes más graves deben considerarse punibles.
Además, el proceso penal por estos asuntos es largo (de 9 a 18 meses de media) y arduo en España, sin garantías para el propietario porque su denuncia puede ser desestimada por un juez.
No existe una jurisdicción específica para los ocupantes ilegales, lo que significa que se les otorgan los mismos derechos que los propietarios de viviendas a los que los bancos quieren desalojar por no pagar sus hipotecas (procedimiento de desahucio por precario).
Esta legislación actual no protege los derechos de propiedad, sino parece estar más alineada con los intereses de los okupas. Los propietarios deben ver como su ahorro fruto de muchos años de trabajo materializado en una vivienda se ve usurpado y despilfarrado cuando los okupas destrozan la vivienda.
Pero hay una esperanza. Los países de nuestro entorno sí apuestan por proteger a los propietarios. Repasamos cómo atajan la ocupación.
Reino Unido: El modelo de referencia
En el caso del Reino Unido, uno puede deshacerse de los ocupantes ilegales mediante una "orden de posesión provisional" o bien mediante un "reclamo de posesión". Por el contrario, se estaría cometiendo un delito si se intentará expulsar a los ocupantes ilegales utilizando la fuerza o bien bajo amenazas.
Se puede presentar una solicitud para una oferta pública inicial dentro de los 28 días posteriores a haber tenido conocimiento de que la propiedad ha sido tomada. El tribunal del condado local correspondiente enviará la confirmación de su oferta pública inicial en unos días y los documentos que debe entregar a los ocupantes ilegales.
Después de ello, deben abandonar la propiedad en las próximas 24 horas y mantenerse alejado de la propiedad durante los siguientes 12 meses.
La legislación inglesa identifica la ocupación como un hecho ilegal, con el castigo de seis meses de prisión y/o multas de 5.000 libras.
Francia: De parecerse a España a imitar el modelo del Reino Unido
Francia es el ejemplo de transición porque no tuvo otra que seguir los pasos del Reino Unido. No obstante, previamente, en su legislación, una vez descubierto a la presencia de alguien en la propiedad dentro a las primeras 48 horas de la ocupación, existía el derecho a solicitar la ayuda de la policía para expulsión inmediata de la propiedad.
El problema para la mayoría de los propietarios es que los ocupantes ilegales enviaban una notificación para anunciar su llegada y, con frecuencia, adoptaban diferentes tácticas para ofrecer pruebas contrarias de que han estado en la propiedad durante más de 48 horas. Eso permitía generar un efecto disuasorio y hacer ver que se cumplía la ley.
Más allá de las 48 horas, los propietarios se veían obligados en iniciar un proceso judicial por la posesión y desalojo. Este proceso no era fácil porque no se podía llevar a cabo de la noche a la mañana y, además, la ejecución de cualquier reclamo de indemnización tendía ser muy difícil.
Por todo ello, en 2015 Parlamento francés aprobó la ley contra los okupas que permitía echar a los ocupantes ilegales independientemente la duración de la ocupación. Con esta ley, corresponde a la administración local considerar el caso y determinar si ordena a los ocupantes ilegales que abandonen las instalaciones. Si no lo hacen en un plazo de 24 horas, pueden organizar la evacuación forzosa de la propiedad por parte de la policía.
En este caso, las sanciones son más elevadas que las del Reino Unido. Los ocupantes ilegales pueden ser encarcelados hasta por un año y multados con hasta 15.000 euros.
Alemania y su velocidad en el desalojo
Quizá en Alemania tengan el modelo más efectivo sobre cómo hay que reaccionar ante una ocupación. Simplemente el propietario de la vivienda ocupada se dirige a la policía para denunciar este hecho y debe ser desalojada en un plazo de 24 horas.
Las penas son semejantes a las comentadas anteriormente. La ocupación se castiga con la multa o bien una pena máxima que asciende a un año de prisión. Pero quién ocupe la vivienda es un grupo organizado de personas la pena puede ascender a los 2 años.
Eso sí, dentro de la legislación en Alemania se puede obligar a los propietarios de las viviendas deshabitadas a ejercer un proceso de rehabilitación y mantenerlos en condiciones óptimas, de no hacerlo pueden ser sancionados incluso en última instancia con la expropiación temporal o bien una multa.