Es uno de los temas más recurrentes informativamente hablando, y no es para menos. En España, los casos de ocupación ilegal de viviendas han ido en aumento en los últimos años.
Un tema controvertido entre la sociedad y para el que muchos, significa directamente una amenaza al derecho de la propiedad privada. Mientras que, para otros, es un fenómeno sobredimensionado y hasta politizado.
En qué consisten los juicios rápidos para desalojar okupas
Mañana jueves día 3 de abril es un día clave. Comenzarán a celebrarse los llamados juicios rápidos para desalojar okupas, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en enero en el BOE.
Una norma que también supone una reestructuración completa de la organización de la Justicia y la obligación de intentar una negociación extrajudicial antes de llegar a unos tribunales ya de por si sobredimensionados. Y poder con ello aligerarles la carga de trabajo.
En esta nueva ley se incluye el delito de usurpación de vivienda. O lo que es lo mismo, cuando alguien ocupa un inmueble en el que no vive nadie. Y también el de allanamiento de morada, donde se ocupa una vivienda donde sí vive una o varias personas.
Los juicios rápidos para desalojar okupas pretenden acotar los plazos de tramitación. Y que una vez que el juez disponga de toda la documentación necesaria, el juicio se realice en apenas 15 semanas.
La ocupación de viviendas sigue en aumento
Los números hablan por sí solos. Desde 2018 a 2022, el número de delitos de ocupación ilegal de viviendas aumentaron un 37%, totalizando más de 75.000 el número de denuncias en toda España, según cifras del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial.
Según el estudio “Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas” elaborado por Línea Directa Aseguradora, el 77% de los encuestados piensa que la okupación de viviendas es, sin dudar, un problema social de gran preocupación en el país.
Un 8% cree que es algo anecdótico y que se usa como arma política. Y un 15% de los encuestados afirma no tener aún una opinión clara sobre el tema.
Sin embargo, ese 77% de encuestados sí creen que la okupación está estrechamente ligada a la inseguridad de los propietarios y también a la de los vecinos. E incluso uno de cada cuatro, viven con miedo a que su vivienda sea cualquier día okupada.
Estos juicios rápidos llegan, además, en un momento, donde un 31% de la población afirma conocer, directa o indirectamente, algún caso de okupación. En las Islas Baleares, esta cifra alcanza el 39%.
Y por comunidades autónomas, son Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña las que más denuncias han registrado por viviendas okupadas. Siendo la catalana y la cántabra, las que tienen también los vecinos más preocupados por este fenómeno social.
Lentitud del sistema judicial y permisividad social
Pero, ¿por qué ocurren tantos casos de ocupación en España? En 2024 las cifras volvieron a ser preocupantes. De hecho, las denuncias por okupaciones de vivienda subieron un 7,4% con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto usurpaciones de vivienda como allanamientos. Siendo Cataluña la región más afectada al anotar 7.009 casos, o lo que es lo mismo el 42% del total de España.
Los ciudadanos achacan las altas tasas de ocupación a la lentitud del sistema judicial (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda a causa de los precios elevados (23%).
Esta nueva ley de juicios rápidos para desalojar okupas también quiere servir como respuesta a ese casi 75% de españoles que cree que las penas por okupación son demasiado leves y que la legislación actual no ofrece suficiente seguridad jurídica para los propietarios.
En los últimos cuatro años se han abierto más de 15.000 procedimientos civiles por ocupación judicial sin ningún tipo de éxito. Algo que satura y desmoraliza a un sistema judicial poco efectivo en la protección al derecho de propiedad.
Estos nuevos juicios rápidos buscan equilibrar la balanza y otorgar mayor capacidad de legítima defensa a los propietarios, tras años de intento de terminar con este fenómeno, protagonista en los medios, pero sin valor de disuasión por quienes quieren llevarlo a término.
Los propietarios, eso sí, deberán presentar pruebas claras de la ocupación ilegítima: o lo que es lo mismo, las escrituras de propiedad, testigos o informes policiales, entre otras. A continuación, el juez evaluará y decretará el desalojo en cuestión de días.
Una ley, eso sí, que tiene muy poco consenso entre las diferentes formaciones que forman parte del Gobierno. Pese a que dicha implantación de los juicios rápidos sí es apoyada por una amplia parte de la sociedad.
España es, hoy en día, uno de los países con mayor tasa de okupación de Europa. La presión mediática y política ha sido determinante para que el Gobierno de este paso aunque eso sí, la clave radicará en encontrar el punto de equilibrio entre la protección del derecho a la propiedad y la atención a las realidades sociales que alimentan el fenómeno. Porque hoy en día estas realidades están repletas de aristas de difícil situación.
Imágenes | Wikipedia