Muchas de las políticas agrícolas actuales no están bien alineadas con los objetivos declarados del sector agrícola como pueden ser aumentar el crecimiento de la productividad, mejorar el impacto ambiental y fomentar un suministro de alimentos a bajos precios.
Según el análisis de la OCDE, de un total de 53 países analizados, 705.000 millones de dólares se concedieron en el periodo 2016-2018 en ayudas públicas a los agricultores.
Sobre este dato, alrededor de dos tercios (530.000 millones) se conceden a través de medidas que distorsionan considerablemente las decisiones de las empresas agrícolas, con lo que se está perjudicando la producción y el comercio agrícola mundiales.
Así que vamos a analizar el problema global que representan las subvenciones para este sector y específicamente dentro de la Unión Europea con el desarrollo de la política agraria comuna.
Las subvenciones agrícolas en la OCDE
En términos monetarios, la ayuda media anual a los agricultores en toda la zona de la OCDE en 2016-18 fue de 235.000 millones de dólares, de los cuales 121.000 millones fueron el resultado de intervenciones muy distorsionadoras en los mercados de productos, y el saldo representaba pagos más o menos desvinculados de la producción agrícola.
A su vez, se gastaron 43.000 millones de dólares al año en diversos servicios públicos del sector, desde el apoyo a la I+D hasta los servicios de inspección.
En el conjunto de la zona de la OCDE, las ayudas a los agricultores durante el período 2016-2018 representaron una media del 18,5% de sus ingresos brutos.
Las subvenciones acarrean un problema de competitividad... Muchos países importadores en los que predominan las explotaciones agrícolas menos competitivas a nivel mundial, tienden a proporcionar niveles más elevados de ayuda vinculada a la producción y, en algunos casos, pagos directos a la renta.
Aunque lo analizaremos más adelante, entornos como la UE optan por altas subvenciones en el sector agrícola nacional (más del 20% de sus ingresos brutos) para que pueda mantenerse y no quede desplazado por el comercio internacional.
Los países más competitivos son los que menos intervienen su mercado: Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica proporcionan actualmente bajos niveles de apoyo a sus sectores agrícolas, un 5% de los ingresos agrícolas o menos, y se centra en inversiones que promueven el funcionamiento del mercado, la productividad, la sostenibilidad y la capacidad de recuperación.
La PAC en la Unión Europea
La Política Agrícola Comuna (PAC) es gestionada directamente por la Unión Europea, a diferencia de sectores como el transporte o la educación, toda la financiación para la agricultura procede del presupuesto de la Unión Europea. Por ello, el gasto agrícola es la mayor parte del gasto total de la Unión Europea.
Según la UE, el objetivo de la PAC es dar respuesta a "la necesidad de un nivel de vida digno para 22 millones de agricultores y trabajadores agrícolas y de un suministro estable, variado y seguro de alimentos para sus 500 millones de ciudadanos".
Para ello, la PAC se dedica a realizar pagos directos destinados a estabilizar los ingresos agrícolas y a financiar proyectos que respondan a las necesidades específicas de cada país a través de programas de desarrollo rural nacionales (o regionales), que también abarcan la economía rural en general.
La PAC también ofrece una serie de medidas de mercado, incluidos instrumentos para hacer frente a las dificultades del mercado, y otros elementos adicionales, como logotipos de calidad y promoción de los productos agrícolas de la UE, que completan la acción de la PAC en apoyo de los agricultores.
El presupuesto de la PAC fijado para el período 2014-2020 prevé un total de 408.310 millones de euros, de los cuales 308.730 millones se destinan a pagos directos y medidas de mercado y 99.580 millones al desarrollo rural.
Pero, ¿es necesaria la PAC?
El primer problema que surge con la PAC es que benefician al 3% de la población de la Unión Europea que contribuyen al 6% del PIB de la Unión mientras que se benefician del 30% del presupuesto global.
Anualmente los contribuyentes europeos aportan 58.000 millones de euros a subsidios agrícolas. De esta cantidad, el 80% se destina solo al 20% de las granjas, por lo que aquella idea de proteger los pequeños agricultores y su forma de vida es más bien un propósito y no un hecho.
Se nos tiende a vender que, gracias a la PAC, los contribuyentes se están garantizando un suministro de producción. Pero lo que no dicen es que con esa política se contribuye a mantener artificialmente un sector relativamente poco competitivo y crear una sobreproducción con diversos excedentes que se terminan destruyendo o destinando a países en desarrollo.
Es difícil que los países pobres pueden salir adelante si se les está enviando productos alimenticios altamente subvencionados que les lleva, en primer lugar, a una gran dependencia de estas importaciones y, en segundo lugar a que no se invierta en sus propios sectores agrícolas.
Es una absoluta falacia el argumento de la seguridad en el suministro a través de la PAC ya que en un entorno de libre comercio podríamos estar importando abundantes alimentos baratos de Estados Unidos China o América Latina%^. Pero la PAC ejerce una protección a los productores de la Unión Europea de una competencia saludable que nos beneficiaría a todos.