El Gobierno ha presentado hoy el Plan Antifraude que marcará las directrices de los próximos años en la lucha contra el fraude fiscal. En este plan, se lee perfectamente la política del palo y la zanahoria dado que se han presentado medidas contrarias en este sentido en pocas semanas.
Las directrices generales del plan antifraude, están orientadas a la persecución del dinero en efectivo, al control de capitales fuera de nuestras fronteras y a la expulsión de módulos a aquellos autónomos que no facturen más del 50% a particulares. En síntesis se actuará sobre los siguientes frentes:
- Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales. Los fdos agentes que intervienen en la operación se enfrentan a multas del 25% de la cantidad pagada o cobrada. Además, se premiará a la policia ciudadana, dado que aquel que denuncie, se librará de la sanción.
- Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de diez mil euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Ojo con esto, que es un delito mayor al asesinato, terrorismo o cualquier otra barbaridad que refleje el código penal. Lo que no me queda claro es porqué motivo los depósitos en paraísos fiscales iban a notificarse en España-
- Se excluyen del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad regular.
No han transcendido medidas de más calado pero ya que hablamos de criminalizar de por vida al defraudador, se deberían poner al mismo nivel de imprecriptibilidad los delitos monetarios contra la Hacienda Pública instrumentados en la malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias y resto de abusos que se hacen a niveles de corrupción pública.
Además, también se deberían facilitar los cauces para poner en marcha la denuncia tributaria anónima y las denuncias opacas ante la inspección de trabajo. Por último, me gustaría saber qué opina el Tratado de la UE sobre la comunicación de fondos en el extranjero en países normales que tienen tratado de libre circulación de capitales con España. No soy jurista, pero me atrevo a apostar a que este decreto antifraude se salta el Estado de Derecho a la torera en varios puntos.
Más Información | La Moncloa
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