Pese a que aún quedan muchos meses para la nueva campaña de la Declaración de la Renta, la nueva polémica que orbita en torno al Gobierno está relacionada con la eliminación de la tributación conjunta del IRPF. De este modo, aquellas familias en las que algún integrante fuese desempleado, pagarían más impuesto. Lejos de ser una medida social, es un método acumulativo.
Y es que, con la supresión de la declaración conjunta del IRPF, el Gobierno conseguirá generar una media de más de 2.000 millones de euros al año, viéndose afectadas tres millones de familias de clase media-baja. Si bien es cierto que es parte del plan estructural para rebajar la deuda pública y el déficit, pero acaba asfixiando a las clases más desfavorecidas del país.
Ya en 2021, el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ contemplaba esta medida para poder recibir los fondos europeos Next Generation. Por aquel entonces, el Gobierno frenó esta acción para intentar competir, en materia fiscal, con el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Un plan muy elaborado por el Gobierno
Pero tras un estudio detallado de la AIReF, se llegó a la conclusión que existían numerosos beneficios fiscales si se suprime la tributación conjunta en el IRPF.
Ahora que se han decidido a dar el paso en firme hacia delante, se concluye que la reducción de 3.400 euros en la base imponible desincentiva la participación laboral de las mujeres. No obstante, acaba afectando a aquellos miembros de la familia que, o no perciben rentas o son demasiado bajas.
El Gobierno califica esta medida como ‘régimen transitorio’, ya que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (en un 87% mujeres). No obstante, es una medida populista, si se tiene en cuenta que la situación de cada hogar es bien distinta y que es una realidad a la que se recurre, en la mayoría de los casos, más por necesidad que por picaresca.
Ahora, Moncloa quiere apostar por un plan fiscal estructural con reformas e inversiones en un plazo de siete años, en lugar de acumularse en cuatro. No obstante, aún no se es lo suficientemente claro, ya que el Gobierno asegura que no se plantea eliminar la tributación conjunta, simplemente un beneficio fiscal por parte de la AIReF.
El Fisco español estimó que, en la Declaración de la Renta 2023 (presentada en 2022), se beneficiaron de la reducción unos 3,2 millones de contribuyentes. El alcance dependerá del tipo de unidad familiar implantado. En términos económicos, esto se tradujo en un coste adicional de 2.400 millones de euros según los cálculos de AiReF.
Lo cierto es que, en la mayoría de los países de la OCDE y del entorno, está desapareciendo la declaración conjunta del IRPF. En Austria, Canadá, Italia o Reino Unido es obligatorio realizar la declaración individual del IRPF.
Ventajas de hacer la declaración conjunta
No hay que olvidar que la declaración conjunta del IRPF beneficia a matrimonios en los que un miembro no recibe ingresos o son inferiores a 3.400 euros anuales, o bien, en familias monoparentales con hijos sin rentas.
También beneficia a parejas de hecho, en las que uno de los dos miembros puede optar por la tributación conjunta. Se les aplica una reducción de la base imponible de 2.150 euros anuales, que sumada al mínimo personal genera 7.700 euros. Esos 2.150 euros no se podrán deducir si el contribuyente conviviese con el padre o la madre de algunos de sus hijos.
Con la declaración conjunta, las familias pueden compensar pérdidas patrimoniales con ganancias conjuntas. De igual modo, los límites máximos de las reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social se integrarán en la unidad familiar con derecho a dichas reducciones.
La contrapartida es que Hacienda puede decidir compensar con arreglo a la norma las partidas negativas de períodos anteriores no compensados por los contribuyentes que integran la unidad familiar. Todo ello será independientemente de si proceden o no de una declaración anterior individual o conjunta.
Nuevas subidas de impuestos polémicas
Con la elevada inflación, la carestía del nivel de la vida y la precariedad laboral, resulta sorprendente que el Gobierno plantee una subida de impuestos del 3,7% en 2025. Una de las medidas que plantea el Ejecutivo de Sánchez es la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La otra, la imposición del IVA a la educación y a la sanidad privadas.
Recordar que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está cedido a las Comunidades Autónomas. En cuanto al impuesto a la sanidad y a la educación privada, el Gobierno pretende establecer el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales. Al ajustarse a la norma comunitaria que fija Europa, la recaudación se elevaría de los 538 millones de euros de 2023 a unos 3.500 millones de euros.
Asimismo, el Gobierno pretende mantener los impuestos a la banca y a las energéticas en 2025.