El objetivo del Gobierno aquí es evitar que las revalorizaciones automáticas por vía de IPC generen efectos de traslación de subidas de precios a otros productos o servicios completamente diferentes al producto o servicio que se revaloriza y que realmente se tengan en cuenta los costes efectivos para aplicar estas subidas. La regla general que se aplicará para alterar el precio del producto o servicio será el incremento en costes que se haya asumido. A partir de la aprobación de esta ley, se crea un nuevo marco de revalorización de precios que será de aplicación obligatoria para la Administración e indicativo para el sector privado, que propicie la estabilidad de precios. Esta ley no se aplicará en los términos de la negociación salarial colectiva (tanto en el sector privado como para el personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros y que regulan sus incrementos mediante acuerdo diferenciado u otras leyes.
Para el sector privado, sigue operando la voluntad de las partes y en el caso de que no se fijen revalorizaciones por vía contractual, las mismas no se aplicarán. Si el contrato fija revalorización anual pero no especifica cuantía de la revalorización o índice, se aplicará el índice de garantía de competitividad (IGC).
La variación del IGC será igual a la inflación en la zona euro menos un factor corrector fijado por el ejecutivo anualmente. El valor máximo del IGC se fija en el 2% como línea de inflación prevista en la eurozona a largo plazo y un mínimo del 0%.
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