Pese a saber que se encamina hacia la quiebra del sistema de pensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando pasos de gigantes y haciendo promesas a sus pensionistas. España se debe a los jubilados en lo que actualmente se denomina como ‘deuda implícita’, promesas que no se reconocen oficialmente y que no suponen la emisión de bonos, pero que deben cumplirse.
Si se toma como referencia el estudio de Eurostat, en el año 2021, la cifra de deuda implícita superaba el 500% del PIB. Esto supone cinco veces más que la deuda oficial que se vincula a la prima de riesgo.
El desequilibrio es latente. En el gráfico de Eurostat se aprecia que la deuda implícita gana peso (franjas doradas), son el compromiso del Gobierno a responder a unos pagos tirando únicamente de los impuestos. Por su parte, las casi inexistentes franjas azules representan el ahorro privado, la parte de capitalización.
En los países con mayor equilibrio, como Islandia, Países Bajos, Suecia o Dinamarca, las pensiones no dependen del relevo demográfico, del número de inmigrantes o del crecimiento del país.
Y es que desde que se iniciase, hace tres años, la jubilación de la generación baby boom, las arcas públicas estatales están percibiendo un notorio e inevitable desequilibrio de bajas y altas. Al final, supone para el Estado financiar el gasto en pensiones contributivas; el 16% o 17% del PIB, aproximadamente.
En España, la deuda pública no para de crecer. En 2023 se registraron 326.949 altas de pensionistas frente a tan solo 265.060 bajas. Una diferencia del 23,4% que se considera la más elevada de la serie histórica registrada.
El compromiso de España con los pensionistas
La brecha llega a duplicar la diferencia del 9% registrada en 2022 y a superar la media de los años previos a la pandemia, que era del 15%. El Gobierno sigue endeudando al país, a costa de las nuevas generaciones que, a su vez, no tienen acceso a un puesto de trabajo estable o a una vivienda digna.
El Estado español ha manifestado su compromiso con el poseedor de un bono de abonarle un tipo de interés y devolverle el principal cuando pase un tiempo determinado; la duración de un bono. Si mañana cambiasen las reglas de la Seguridad Social, las pensiones comenzarían a cobrarse a los 75 años y serían equivalentes al SMI.
En cada reforma de las pensiones se modifican las condiciones de acceso o cobro de la prestación, con peores condiciones para el pensionista, pero se mantienen intactas. El pensionista se siente desvalido en este aspecto y no tiene derechos. Contractualmente, el bono es obligatorio de abonar, pero desde el punto de vista político ganan peso las pensiones.
Datos oficiales demuestran que solo en junio de 2024 se registraron 10,16 millones de pensiones, con una variación del 1,22% con respecto al mismo mes de 2023. Para ser más exactos, las Comunidades Autónomas donde más se ha tensado la balanza y más ha crecido la variación mensual han sido: Baleares (0,30%), Canarias (0,29%), Murcia (0,24%), La Rioja (0,22%), Comunidad Valenciana (0,21%) y Navarra (0,20%).
España, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) refleja el porcentaje que se lleva un jubilado de más con el cobro de su pensión, tomando como referencia lo cotizado. En determinados sectores, el Estado suele ser más generoso. Es el caso de los trabajadores que han tenido cortas carreras de cotización (de menos de 25 años), cuyo TIR es del 6,04%, frente al 3,26% de aquellos que cotizaron 45 o más años.
Además, el sistema es más generoso con quienes se jubilan a la edad ordinaria, pues reciben una rentabilidad en sus pensiones del 4,03%, en comparación con los que se jubilan anticipadamente (3,52%) o los que se jubilan de manera demorada (2,68%).
La deuda implícita con los pensionistas: al detalle
La situación de España es compleja. La inflación es un alivio y a la par una carga extra. El Gobierno pretende blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y, con cada subida del IPC, subir de manera equivalente las prestaciones por jubilación. El efecto sería neutro sobre el papel, pero la realidad es bien distinta, y siempre suele beneficiar a la parcela político-social, es decir, a quienes cobran. Una estrategia por mantener contento a la mayoría poblacional española en la actualidad; los jubilados.
El peso de la deuda implícita acabará influyendo en la economía en los próximos 30 años. La relación deuda pública/PIB supera el 100%, con el correspondiente pago de intereses en el presupuesto. Cada vez se pagan más impuestos y existen menos inversiones porque se dedican más recursos, no solo a pagar compromisos adquiridos previamente, sino también a multiplicarlos por cinco, hasta el 500% del PIB.
El temido 500% del PIB podría evitarse con un recorte del actual sistema de pensiones y de los pronósticos futuros. No obstante, lejos de suprimirse y de contraer una crisis político-social, todo indica que la cifra podría, incluso, ascender por encima del 600% en España.