La reforma del sistema de pensiones en España, liderada por el ministro socialista José Luis Escrivá, ha generado una mezcla extraña entre alivio y preocupación.
Por un lado, busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados vinculando las pensiones al IPC, lo que garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Sin embargo, esta medida también plantea dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo y su impacto en la competitividad internacional de España. ¿Juega en nuestra contra?
Las claves de la reforma de Escrivá
La reforma impulsada por Escrivá tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad de los ingresos de los pensionistas, especialmente en un contexto (aún) de inflación elevada.
Entre las medidas claves se encuentra la revalorización anual de las pensiones según el IPC. Es decir, partir de 2022, las pensiones se ajustan automáticamente al IPC medio anual, eliminando el factor de sostenibilidad introducido en reformas anteriores.
Las cotizaciones sociales han aumentado, con una subida anual progresiva hasta 2050, lo que incrementa los ingresos de la Seguridad Social a corto y medio plazo.
Otro punto clave es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al factor de sostenibilidad y añade un 0,6 % adicional en las cotizaciones sociales, con un 0,5 % a cargo del empleador y un 0,1 % del trabajador.
Además, el cálculo de las pensiones ya no penaliza automáticamente los años adicionales de jubilación.
El impacto positivo para los jubilados
El cambio más relevante de esta reforma es la vinculación de las pensiones al IPC. Esto significa que los pensionistas no perderán poder adquisitivo, incluso en un entorno inflacionario como el de 2022-2023, cuando la inflación en España superó el 8%. En 2023, las pensiones contributivas subieron un 8,5%, beneficiando a más de 9,8 millones de jubilados.
Este enfoque busca aliviar el impacto económico sobre los jubilados, un colectivo que en su mayoría depende exclusivamente de estas prestaciones para cubrir sus gastos básicos.
Según datos de la Seguridad Social, en 2023, la pensión media se situó en 1.377 euros al mes, un 60% superior al salario mínimo interprofesional de 1.080 euros.
Los retos de sostenibilidad financiera
Aunque la reforma protege a los jubilados, plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones podría aumentar del 12% del PIB en 2022 al 15% del PIB en 2050, superando la media de la eurozona.
Este incremento está impulsado, entre otros, por el lógico envejecimiento de la población. En 2050, España tendrá uno de los mayores porcentajes de población mayor de 65 años en Europa, con un 30 % de su población en esta franja etaria. La esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo, lo que prolonga el período de percepción de las pensiones.
A lo que hay que sumar que, según el INE, la población activa disminuirá un 10% para 2050, reduciendo las cotizaciones sociales.
El impacto en la competitividad internacional
El aumento del gasto en pensiones está teniendo un efecto directo en las cotizaciones sociales, que en España son de las más altas de Europa, representando un 36 % del salario bruto.
Este incremento dificulta la creación de empleo y afecta negativamente a la competitividad de las empresas españolas frente a otros países con cargas laborales más bajas.
También hay que tener en cuenta que España ocupa el puesto 34 en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, habiendo caído varios lugares en los últimos años.
Por su parte, las empresas enfrentan una mayor presión fiscal, con un coste laboral total que supera en un 20 % la media de la OCDE.
Según datos de Eurostat, el crecimiento de la productividad laboral en España ha sido del 0,3 % anual entre 2010 y 2022, muy por debajo del 1 % de la media europea.
Estas cifras reflejan un entorno menos atractivo para la inversión extranjera directa (IED), que en 2022 se redujo un 15 % respecto al año anterior.
¿Cómo podría darse un equilibrio sostenible?
Aunque proteger a los jubilados es una prioridad, es fundamental encontrar un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad económica. Expertos indican que es imprescindible introducir incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, vinculándola al aumento de la esperanza de vida.
También es importante contemplar las pensiones públicas con planes privados de ahorro, como los planes de empleo promovidos por empresas y sindicatos, o fomentar sectores de alto valor añadido, como la tecnología y la innovación, que puedan generar empleos bien remunerados y aumentar la productividad.
La reforma del sistema de pensiones diseñada por José Luis Escrivá ha garantizado sí que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, lo que representa un avance social importante. Sin embargo, esta protección tiene un coste significativo para la sostenibilidad financiera del sistema y para la competitividad internacional de España. ¿Cómo conseguir dicho equilibrio?
