Si el Gobierno no logra aprobar su decreto ómnibus, es complicado que los pensionistas vean subir la pensión este año. Y esto sería bueno para la economía

Si el Gobierno no logra aprobar su decreto ómnibus, es complicado que los pensionistas vean subir la pensión este año. Y esto sería bueno para la economía
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No hay duda. El sistema de pensiones en España es uno de los pilares del Estado del bienestar, pero también uno de los mayores desafíos económicos del país. Un tema siempre controvertido, donde los políticos intentan hacer malabares para contentar a millones de votantes de más de 65 años.

En un contexto en el que el déficit de las pensiones sigue aumentando y las arcas públicas se enfrentan a tensiones cada vez mayores -y nada indica que éstas vayan a rebajarse-, la posibilidad de no incrementar las pensiones en 2024, aunque políticamente impopular, podría ser un alivio a corto plazo para la economía.

En las últimas semanas, el Gobierno ha avanzado en la negociación de un decreto ómnibus que incluye diversas medidas económicas, entre ellas, el aumento de las pensiones en línea con el IPC.

Sin embargo, el Ejecutivo depende de una votación parlamentaria en la que cada voto cuenta. Según las últimas noticias, el Gobierno parece haber alcanzado un acuerdo con Junts, una alianza clave para garantizar la aprobación del decreto, pero todavía queda el paso decisivo: que el texto sea votado en el Congreso.

Un déficit insostenible que sigue creciendo

El sistema público de pensiones en España se encuentra en una situación de preocupante vulnerabilidad.  Según datos oficiales, el déficit de las pensiones ronda los 30.000 millones de euros, un problema agravado por factores estructurales como el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Por cada pensionista, hay cada vez menos trabajadores cotizando. Esto genera una presión insostenible sobre las cuentas públicas, especialmente cuando las pensiones se actualizan conforme al IPC, como ocurrió en 2023, con un aumento cercano al 8,5%. Si bien estas subidas son esenciales para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, incrementan el gasto público de forma considerable, dificultando la reducción del déficit fiscal.

Si el decreto ómnibus no se aprueba, la actualización de las pensiones podría retrasarse o incluso cancelarse este año. Aunque esto sería políticamente controvertido y un mazazo para Pedro Sánchez, podría ofrecer cierto alivio a las tensiones financieras que enfrenta el sistema.

El acuerdo con Junts, ¿un respiro para el Gobierno?

La aprobación del decreto ómnibus es un tema prioritario para el Gobierno, que necesita asegurarse de que los pensionistas reciban el aumento prometido. El reciente acuerdo con Junts es una señal de que el Ejecutivo está dispuesto a hacer concesiones importantes para garantizar los apoyos necesarios en el Congreso.

Sin embargo, el camino no está completamente despejado. Aunque Junts ha mostrado disposición para respaldar el decreto, los márgenes son ajustados, y cualquier discrepancia de última hora podría poner en riesgo su aprobación. Si el decreto no logra salir adelante, el Gobierno no solo enfrentaría un golpe político, sino también críticas por no haber cumplido con su compromiso con los pensionistas.

¿Por qué congelar las pensiones podría ser positivo para la economía?

Desde un punto de vista económico, evitar la actualización de las pensiones en función del IPC podría tener beneficios a corto plazo para la estabilidad fiscal.

Con la inflación aún elevada, una subida de las pensiones alineada con el IPC podría aumentar el gasto en miles de millones de euros. Al congelar o limitar ese incremento, se reduciría la presión sobre el presupuesto del Estado.

El déficit estructural de las pensiones es un problema de largo plazo. Cada aumento significativo del gasto sin ingresos suficientes para financiarlo lo agrava. Controlar estos incrementos permitiría ganar tiempo para abordar reformas necesarias.

También, en un momento en el que los mercados observan con lupa las cuentas públicas, contener el gasto en pensiones enviaría una señal de compromiso con la sostenibilidad fiscal, ayudando a mantener la confianza de los inversores.

No obstante, estas ventajas económicas deben sopesarse frente al impacto social de congelar o reducir las subidas de las pensiones, especialmente para los jubilados con ingresos bajos, quienes dependen en gran medida de esta fuente para cubrir sus necesidades básicas.

Reformar el sistema es una urgencia ya ineludible

Más allá del decreto ómnibus y de las decisiones a corto plazo, la sostenibilidad del sistema de pensiones exige reformas estructurales. Entre las opciones planteadas por expertos y organismos internacionales están, cómo no, adaptar la edad de retiro a la esperanza de vida. Lo que permitiría reducir el tiempo que los pensionistas reciben pagos y aumentar los años de cotización.

Reducir la dependencia del sistema público y promover el ahorro individual podría aliviar la presión sobre el gasto público. Y, aunque impopular, esta medida aportaría ingresos adicionales al sistema.

La difícil aprobación del decreto ómnibus, con su impacto en las pensiones, es un reflejo de la complejidad de gobernar en un entorno político tan fragmentado como el de España y con una situación económica delicada.

Si no se aprueba el decreto, los pensionistas podrían enfrentarse a una congelación de sus ingresos este año, algo que sería políticamente controvertido, pero que podría aliviar temporalmente el déficit fiscal del país.

Imágenes | Instagram, Unplash

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