En España seguimos en época electoral cinco meses después de las elecciones generales. La nueva llamada a las urnas no ha pillado de sorpresa casi a nadie, pues era altamente improbable que algún partido lograra formar gobierno.
Precisamente, a la hora de hacer esos pactos la economía ha sido uno de los principales obstáculos que han puesto las diferentes formaciones para aliarse señalando que las diferencias en materia económica eran insalvables. Si bien si nos fijamos con un poco de atención en las propuestas que llevaban los partidos para las elecciones del 20D, esas divergencias no eran tan contundentes. De hecho, en algunos casos era todo lo contrario.
Impuestos
Este es uno de los principales caballos de batalla de los políticos durante la campaña. Las promesas de bajar los impuesto -o subirsélos a los más pudientes- son recurrentes en toda época electoral que se precie. Y precisamente es aquí donde más sale a relucir la ideología que se esconde bajo cada sigla política.
Para las pasadas elecciones, las distintas formaciones acudieron con propuestas fiscales que suponen un fiel reflejo de su idiosincrasia. El PP proponía bajar el IRPF a todos los contribuyentes -como venía haciendo en los últimos coletazos de la pasada legislatura-, independientemente de sus ingresos, y dar exenciones fiscales a autónomos, jóvenes y jubilados.
Por su parte, Ciudadanos también optaba por esa vía, reduciendo en tres puntos porcentuales el IRPF actual y reduciendo los tramos de cinco a cuatro. En este campo, su apuesta más polémica tenía que ver con el IVA, ya que proponía simplificarlo a dos tipos: uno general del 18% -bajándolo del 21% actual- y uno reducido del 7%. La polémica se generó porque en el general pretendía incluir productos básicos y de primera necesidad que ahora tributan a un tipo superreducido.
En la orilla contraria se ubicó Podemos, con su intención de subir el IRPF a las rentas más altas elevando el número de tramos desde los 60.000 euros de ingresos anuales hasta los 300.000 euros, subiendo a la vez el tipo medio del 45% actual al 55% para las rentas que superen esa cantidad. En el caso del IVA pretendía aplicar a todos los alimentos el tipo superreducido del 4% y aplicar el 10% a los suplementos básicos (gas, calefección y electricidad), que actualmente tributan al 21%.
El PSOE se quedaba en tierra de nadie, pues no quería tocar los impuestos en 2016, sino que esperaría a 2017 para constituir una comisión de expertos para crear un tributo que vincule la riqueza a la tributación, con el objetivo de que los que más ganen paguen más a Hacienda. En Sociedades sí quería aplicar un tipo mínimo del 15% para evitar que las grandes multinacionales aprovechen las ventajas fiscales que hacen que apenas lleguen a tributar por un tipo efectivo del 6% actualmente.
Empleo
En este campo, también parece que las diferencias ideológicas se hacen bastante patentes. Por ejemplo, el PP propuso en diciembre incentivar la contratación indefinida dejando exentos los primeros 500 euros de nómina de la cotización a la Seguridad Social. Por su parte, Ciudadanos rompió los esquemas con contrato único con indemnizaciones crecientes, es decir, suprimiría los contratos temporales por un único contrato de carácter indefinido que, según la antigüedad del trabajador, tuviese una indemnización por despido u otra. Esta iniciativa tuvo muchos detractores, pues consideraron que precarizaba aún más el mercado laboral español.
En el extremo opuesto se enconaron PSOE y Podemos, que querían derogar la reforma laboral del PP y negociar un nuevo marco laboral. De hecho, Podemos también proponía acabar con parte de la reforma del anterior gobierno socialista. El PSOE pretendía establecer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario mínimo y eliminar las bonificaciones a la contratación para mejorar los programas de formación para el empleo.
Por su parte, el partido de Pablo Iglesias propuso que los contratos temporales que sumaran un año se convirtieran automáticamente en indefinidos y subir el salario mínimo a los 950 euros en solo dos años.
Ahora bien, hubo un punto en este apartado que, excepto el PP, todos -a su manera- asumieron como propio: la renta vitalicia o complemento salarial, dependiendo del color del partido. En pocas palabras, esto supone asegurar a los ciudadanos unos ingresos mínimos para subsistir por parte del Estado. Si bien cada formación le aportó su particular toque. Por ejemplo, los de Albert Rivera lo llamaron complemento salarial anual garantizado cuya cuantía se establecería según los ingresos de la persona y de su situación familiar y personal.
Podemos proponía una renta básica desde 600 euros hasta 1.290 euros mensuales para los ciudadanos dependiendo de sus ingresos y su renta. El partido calculó que esta medida alcanzaría a 7,8 millones de españoles, el 16,5% de la población, y que tendría un coste de alrededor de 15.000 millones -el 1,5% del PIB de España-. Sin duda, la formación morada es la que fue más lejos con esta iniciativa, pues el PSOE habló de un ingreso mínimo vital para familias en riesgo de exclusión.
Por lo tanto, aquí tenemos la prueba de que, en algunos campos e ideas, los partidos a los que tanto costó llegar a un acuerdo para formar gobierno también tienen cosas en común en materia económica.
Déficit
Aquí no hay tantas divergencias: los principales partidos que concurrieron a las elecciones de diciembre tenían muy claro que había que reducir todavía más el déficit de España para cumplir con lo pactado con la UE. Pero, como es lógico, cada uno proponía una fórmula, si bien todos querían hacerlo de forma progresiva para no perjudicar más el estado de bienestar español con más recortes.
Ciudadanos y PSOE intentarían renogociar el calendario de déficit con Bruselas, algo que ya ha conseguido el PP todavía estando en funciones, al que las autoridades europeas han concedido un año extra para bajar el déficit después de cerrar 2015 en el 5,08% del PIB, cuando debería haber bajado al 4,2% del PIB. Pero no es oro todo lo que reluce, pues España se enfrenta a una posible multa de Bruselas por haber incumplido lo pactado. La resolución se sabrá justo después de las elecciones, a principios de julio.
En diciembre, el PP fue el partido que llevó una propuesta más férrea para reducir el déficit, mientras que la más laxa era la de Podemos, que quería acabar la legislatura -2019- en el 2%, cuando el PP estimaba rebajar el déficit al 0,3% ya en 2018. A todas luces, la propuesta de Rajoy era la más utópica.
Autónomos
Uno de los sectores más sensibles, ya que son de los que más sufren las políticas económicas actualmente por las dificultades que tienen para sacar adelante su negocio sin morir en el intento. En este sentido, los partidos fueron bastante proclives a flexibilizar su compleja situación...pero con matices.
El PP prometió una tarifa plana de cotización para los que se hicieran autónomos de 50 euros durante los dos primeros años. Por su parte, el PSOE quería que su tributación se ajustara a sus ingresos y que se hiciera de forma trimestral.
Ciudadanos apostaba por liberalizar más a este colectivo dándole la posibilidad de darse de alta de forma gratuita para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, mientras que para los que ganaran más de eso proponía una fórmula de cotización parecida a la del PSOE, estimada según las ganancias.
De igual modo, Podemos pedía cuotas “justas” que se ajustaran a los ingresos, igualmente también proponía alta gratuita para los que ganaran menos del salario mínimo. Coincidiendo con el PSOE, apostaba por eliminar las cotizaciones mensuales e implantar las trimestrales, de este modo, estos tres partidos tenían unos ejes bastante parecidos que parece que a hora de negociar se les olvidaron.
Pensiones
Uno de los principales ejes de la política económica y de las mayores preocupaciones de los españoles, pues no es ningún secreto que la hucha de las pensiones se está secando. Por ello, el pasado 20D los partidos políticos tenían en este área un difícil reto.
Cabe destacar que, contrariamente a lo que pide Bruselas, tanto Podemos como Ciudadanos apostaban por eliminar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y mantenerla en los 65 años, si bien la formación naranja proponía incentivar a los que eligieran seguir trabajando más allá de esa edad.
Por su parte, PP y PSOE querían crear impuestos para financiar las pensiones, de hecho los socialistas repiten esta medida para los comicios del 26J. Los populares solo incluían este tributo para las pensiones por viudedad y orfandad, una diferencia que aclararon la pasada semana para no alarmar a su electorado más liberal.
En resumidas cuentas, y salvando las distancias, hay más similitudes de las aparentes entre las propuestas de los distintos partidos políticos en materia económica. Casi todos caminan hacia una misma dirección, aunque las formas de llegar a la meta son muy distintas, pero cada formación es consciente de cuáles son las necesidades de la economía española y de las principales demandas de los ciudadanos. Habrá que ver si dentro de algo más de un mes logran ponerse de acuerdo.