Una de las medidas estrella que plantea el Gobierno de Sánchez es implantar paulatinamente la reducción de la jornada laboral. En un principio, la propuesta del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, era de pasar de 40 a 37,5 horas semanales.
No obstante, todo ha quedado en ir reduciendo la jornada máxima a 38,5 horas en lo que resta de 2024. La totalidad de la medida se aplicaría en 2025. Pero, ¿esta medida es efectiva o las empresas mirarán para otro lado?
La realidad es bien distinta a lo que plantea el Gobierno. Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo se puso sobre la mesa la necesidad de establecer un rigoroso control horario en los puestos de trabajo. De este modo, las empresas están obligadas a guardar durante cuatro años dichos registros.
Una norma ineficaz ante un control inexistente
Pese a que existe una normativa taxativa en este aspecto, no en todos los sectores se cumple. De hecho, en el sector servicios, especialmente en la hostelería, las horas extras no siempre se pagan.
El incumplimiento de la normativa vigente de control horario contempla infracciones leves (que van desde los 60 euros hasta los 625 euros) y que se producen cuando la empresa omite informar a los trabajadores sobre las condiciones laborales o no pone a disposición de éstos los informes de registro horario.
Por su parte, las infracciones graves (sanciones entre 625 y 6.250 euros) ocurren cuando los empleados realizan horas extra y la empresa no las remunera, o bien, aparecen irregularidades en el registro horario. De igual modo, se podría incurrir en infracciones muy graves (multas entre 6.250 euros y 187.515 euros). Se producen cuando los empleados menores de 18 años realizan horas extra, se producen impagos salariales o se repiten retrasos en los pagos.
Tomando como referencia el estudio ‘El abuso de las horas extras no pagas en España’ de CCOO, resulta prácticamente una quimera que se pueda aplicar en España la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales.
La práctica abusiva de las horas extras no pagadas
Las horas extras trabajadas, pero no pagadas, siguen siendo un abuso habitual. Se calcula que en España trabajan 419.000 personas por horas extras no pagadas. En total, se trabajan 2,61 millones de horas extras no pagadas a la semana.
Esta fórmula es un método de explotación laboral, que, pese a la normativa específica vigente, sigue estando presente. De hecho, con los datos de la última EPA en la mano, se pueden identificar dos prácticas extendidas de prolongación de la jornada laboral más allá de lo pactado legalmente.
Con respecto a datos del INE, se detecta que más de un millón de personas asalariadas a jornada completa trabajan más horas de las pactadas. No obstante, no se contemplan datos relativos a horas que se pagan y cotizan. Dentro de este segmento hay 636.000 personas con una jornada pactada de 40 horas semanales que trabajan un número mayor de horas, algo que vulnera en cierto modo la legislación laboral vigente.
En España se calcula que hay 890.000 asalariados que realizan horas extras a la semana, es decir, el 5% de la población asalariada. De ellos, el 47% (419.000 empleados) ha trabajado horas extras en la semana, sin recibir contraprestación en forma de salario o de descanso.
Se calcula que el 2,3% de la población asalariada trabaja semanalmente horas extras no pagadas. En concreto, se trabajan 6,36 millones de horas extra en España, de las cuales el 41% no se cotizan y no se pagan ni compensan con descanso. A la semana, de media, se trabajan 2,61 millones de horas que los empleadores no pagan, pero se benefician y apropian de ese trabajo.
El volumen de horas extra trabajadas podría equivaler a 170.000 empleos a jornada completa, de los cuales 70.000 son de horas extra no pagadas. En términos anuales, los 2,61 millones de horas no pagadas suponen un coste laboral de 3.254 millones de euros, que dejan de pagar los empleadores a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria (en la suma de salario, impuestos directos y cotizaciones sociales).
Unas horas extras de las que los empleadores se apropian del valor añadido obtenido de ellas y engordando sus beneficios de manera considerable. Por consiguiente, generan un grave perjuicio para la población asalariada explotada y para el conjunto de la sociedad, con menos ingresos públicos (cotizaciones, IRPF e impuestos al consumo vinculados a los salarios no pagados).
Implantar en España la jornada laboral reducida de 37,5 horas supondrá, de manera casi inminente, el aumento de las horas extras abonadas ‘en negro’ o no pagadas, por lo que los empleados legalmente echarán las horas pactadas por el Gobierno, pero en realidad, estarán trabajando 40 horas o más. Todo dependerá del sector, pues en ámbitos como la sanidad, la educación o la administración el control seguirá siendo mayor que en el sector servicios.
De no efectuarse la medida de la reducción de la jornada laboral en España con pleno control, podrían cometerse abusos. Uno de ellos podría ser la disminución salarial, por lo que las administraciones deberán supervisar este aspecto. Para los trabajadores a tiempo parcial se corre el riesgo de despido, o de que suponga un aumento proporcional de sueldo si mantuviesen sus horas actuales.
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