Enésima diferencia entre la forma de gobernar de Argentina y la de España. Un ejemplo más de como los diferentes ejecutivos, de derecha en Buenos Aires y de izquierda en Madrid, se encuentran en puntos bien distintos. En este caso con un aspecto tan importante como es el de las políticas laborales y en concreto con el salario mínimo.
Mientras el presidente argentino Javier Milei propone eliminarlo, en España, Yolanda Díaz, Vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, sigue impulsando incrementos significativos. ¿Lo último? Subirlo, al menos, 50 euros más este año.
Unas decisiones que reflejan posturas económicas y sociales divergentes y que, como es lógico, tendrán implicaciones profundas en sus respectivos mercados laborales.
Argentina y eliminación del salario mínimo
Javier Milei ha señalado que el salario mínimo es una “barrera para la generación de empleo” y propone su eliminación. Según el gobierno argentino, este mecanismo impide que trabajadores poco calificados encuentren empleo, ya que obliga a las empresas a pagar salarios más altos de lo que el mercado dictaría.
Actualmente, el salario mínimo en Argentina es de 279.718 pesos (alrededor de 279 dólares), pero con una inflación interanual de más del 120%, su valor real es extremadamente bajo.
Un estudio de la Universidad de Buenos Aires ha demostrado que el salario mínimo perdió cerca del 30% de su poder adquisitivo en 2024, impactando negativamente en los trabajadores de menores ingresos.
Al eliminar esta referencia salarial, Milei apuesta por una mayor flexibilidad laboral en un país donde la informalidad laboral afecta a casi el 37% de los trabajadores. Sin embargo, los detractores advierten que esta medida podría aumentar la precarización y generar sueldos insuficientes para cubrir necesidades básicas, profundizando la desigualdad social.
La propuesta también ha generado comparaciones con países que no tienen salario mínimo, como Singapur o Dinamarca. No obstante, expertos señalan que estos países cuentan con sistemas económicos sólidos y protecciones sociales robustas que compensan la falta de una regulación salarial mínima, algo que no ocurre en Argentina.
España y el incremento continuo del SMI
En contraste, España ha adoptado una política de fortalecimiento del salario mínimo interprofesional bajo la dirección de Yolanda Díaz. Desde 2018, el SMI ha aumentado en más de un 40%, situándose actualmente en 1.134 euros mensuales. Para 2025, Díaz ha propuesto un nuevo incremento de 50 euros, lo que lo llevaría a 1.184 euros al mes. Esta estrategia busca combatir la pobreza laboral, mejorar las condiciones de vida y fomentar el consumo interno.
Según datos del Ministerio de Trabajo español, los incrementos del SMI han beneficiado directamente a 2 millones de trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura, el comercio minorista y los servicios, donde predominan salarios bajos. Además, un estudio del Banco de España indica que el impacto negativo en la creación de empleo ha sido marginal, mientras que los beneficios sociales y económicos han sido significativos.
Yolanda Díaz defiende que el incremento del SMI es una herramienta clave para reducir la desigualdad salarial, especialmente en un contexto donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, su política tampoco está exenta de críticas, especialmente en el contexto de la gestión general del gobierno de Pedro Sánchez, donde se perciben contradicciones evidentes.
Y las contradicciones de Pedro Sánchez
Aunque el incremento del SMI en España se presenta como un avance hacia la justicia social, muchos cuestionan las prioridades reales del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras que Yolanda Díaz busca mejorar las condiciones laborales, Sánchez ha sido criticado por medidas que no siempre favorecen a los trabajadores, como el uso del empleo temporal en el sector público, la burocratización excesiva y el limitado impacto de las políticas contra el desempleo juvenil, que sigue siendo uno de los más altos de Europa.
Además, el incremento del SMI, aunque positivo, no resuelve problemas estructurales del mercado laboral español, como la alta precariedad y el uso abusivo de contratos temporales.
Mientras Díaz impulsa un discurso progresista, las políticas generales del gobierno de Sánchez a menudo priorizan alianzas políticas por encima de soluciones concretas para los trabajadores.
Por ejemplo, los compromisos presupuestarios en otras áreas han dejado insuficientes recursos para fomentar la estabilidad laboral o reducir la brecha de género en el empleo.
En este contexto, el contraste entre las políticas argentinas y españolas no solo revela diferencias ideológicas, sino también las incoherencias internas de ambos países. Sánchez, aunque se presenta como un defensor de los derechos laborales, enfrenta críticas por no abordar de manera más efectiva las raíces del problema laboral en España, dejando a Díaz sola en la ejecución de estas iniciativas como si trabajaran en gobiernos diferentes.