Lejos de reducir la tensión que existe con respecto a la vivienda en España, el Gobierno de Sánchez sigue con sus propuestas de regulación. La realidad es que resulta más sencillo regular y poner límites a las medidas que se han tomado con anterioridad que rectificar y apostar por la construcción de nuevas viviendas y, en concreto, de suelo público.
El pasado martes, el Pleno del Congreso debatió la proposición de ley de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG para regular los alquileres de temporada y habitaciones. El objetivo no era otro que ejercer más presión sobre los propietarios y otorgar estabilidad a los locatarios.
Esta nueva reforma o regulación se encaja dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, desincentivando su uso y evitando fraudes que busquen sortear la Ley de Vivienda o subir los precios constantemente.
Finalmente, no ha salido adelante. A pesar de que Junts había anunciado su abstención, definitivamente han decidido posicionarse en contra. La votación ha quedado con 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto) y 178 votos en contra (Junts, PP y Vox).
Propuestas para la regular el mercado de la vivienda
El partido de Yolanda Díaz confíaba en acabar con los vacíos legales de la ley, pues considera que este tipo de contratos se han convertido en un vacío legal que emplean los propietarios para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Contrato de temporada de máximo seis meses
En lugar de fomentar la oferta, se trabaja desde los aliados del Gobierno por regular la demanda en la mayor medida posible. La propuesta legislativa contemplaba un artículo bis en la Ley de Arrendamientos Urbanos que limitase el contrato temporal a seis meses. Si el alquiler se pactó con una duración inferior y se cumple el plazo, si continuase existiendo el motivo de temporalidad, se podrá prorrogar por acuerdo exprés entre ambas partes, pero nunca superando el medio año.
Si se encadenan más de seis meses o dos contratos consecutivos se trataría de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos temporales, el locatario podría desistir el contrato de arrendamiento siempre y cuando haya transcurrido, al menos, un mes desde su formalización. Para ello, deberá comunicarlo al arrendador con diez días de antelación, sin derecho a indemnización..
Mantener el alquiler temporal por obligación
El artículo 21 bis contemplaba la conservación de la vivienda temporal, aunque el arrendador debería conservarla en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, incluyéndose las pequeñas reparaciones. Así pues, el locatario no tendría obligación de arreglar ningún desperfecto de la vivienda que se saliese del desgaste normal de cualquier piso habitado.
El arrendatario debería ponerel problema en conocimiento del arrendador en el más breve plazo desde su detección o conocimiento, quien estará obligado a responder en el plazo máximo de cinco días hábiles. De hacer las reparaciones el arrendatario, el coste se descontaría del precio de la renta del mes siguiente.
Tope al precio de la vivienda en alquiler en zonas tensionadas
Sumar quiere mantener el contrato indefinido en las viviendas, tal y como ocurre en el ámbito laboral. Para ello, su intención era fijar un régimen sancionador en la Ley de Vivienda. El problema es que el 50% de las personas que tienen contrato de arrendamiento en España tienen riesgo de acabar en exclusión social, según argumenta la propia líder de Sumar.
De este modo, el tope sería el 30% de la renta de los hogares que alquilan. De igual modo, se prohibirá la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.
Se hablaba de la posibilidad de mejorar el Índice de Precios de Referencia, recogido en la propia Ley de Vivienda, considerando la media de precios como referencia e incluyendo elementos ‘objetivables’ en los datos de las viviendas.
Aumento del IVA a los pisos turísticos
Para acabar con el alquiler turístico ilegal, Sumar planteaba apoyar, con recursos condicionados para hacer cumplir la normativo. Para ello, se elevaría la fiscalidad y tributarían al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprimiesen en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas.
De igual modo, se planteaba elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF, especialmente en los periodos de no ocupación en el IRPF. La formación abogaba, además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente.
Ampliación de la oferta de alquiler asequible
El objetivo de los socios del Gobierno es destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación, durante los primeros años, correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos, que parten a su vez de fondos europeos.
Díaz plantea que se construyan 500.000 viviendas de alquiler social (entre 400 y 600 euros) en zonas tensionadas, donde la movilización de la vivienda vacía es suficiente. También propone cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.
Durante el debate, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha defendido que se trata de una propuesta de ley "solvente", "justa" y "precisa, ya que en España no se está cumpliendo con la Ley de Vivienda.
Por su parte, la portavoz de Vivienda del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expuesto que el voto a favor de su grupo se debe a la necesidad de solventar el problema para encontrar una vivienda "accesible y digna", pero también ha avanzado que se presentarán enmiendas en la tramitación parlamentaria para reformular su redacción original.
En este sentido, Junts fue muy crítico y su diputada Marta Madrenas alertó sobre los efectos nocivos que puede tener la limitación en ciudades universitarias como Girona, pues la Ley de Vivienda ya ha reducido un 31% la oferta de pisos de alquiler. Ahora, son varias las voces de sindicatos que se han posicionado en contra, reclamando una solución urgente a un problema que podría explotar en cualquier instante.