La pandemia está atizando duramente la economía europea y específicamente la española con una caída del 11% del PIB en 2020. Se trata de una caída sin precedentes de la actividad económica (solo comparable con la Guerra Civil) y está asolando una gran incertidumbre con cada oleada de infecciones.
Hemos visto cómo ha habido un bloqueo para las empresas. Muchas empresas han tenido que cerrar como resultado de las restricciones relacionadas, y muchas personas cuyos ingresos dependen de estas empresas han perdido sus puestos de trabajo.
Todo esto ha dificultado la supervivencia de muchas empresas, ya que sus fuentes de ingresos se han agotado. Para ayudar a estas empresas y, por tanto, proteger los puestos de trabajo y la economía en su conjunto, el BCE y los diferentes gobiernos impulsaron medidas que apoyan los préstamos de los bancos a las empresas. Esta acción ha permitido mantener muchas empresas a flote, eludiendo la quiebra.
Si nos basamos en los datos vinculados al primer semestre de 2020, tenemos que en países como Reino Unido, Francia y España vieron caer las quiebras en un 20-40% anual. Es decir, se produjeron menos quiebras de las que deberían en un momento de un desplome histórico del 22% interanual en el caso de España.
La caída de las quiebras tiene una traducción... Se están manteniendo a flote empresas que engullen recursos y dejan deuda ya sea pública vinculada a los déficits, o privada para la obtención de liquidez que permita mantener a las empresas a flote, las conocidas como empresas zombies.
Se ha hecho todo lo posible para evitar que las empresas acabaran entrando en procedimientos de concursos de acreedores que colapsaran los juzgados mercantiles, ya saturados antes de la pandemia. No solo estamos hablando de recursos y garantías, sino que recordemos que el Gobierno decretó una moratoria concursal por la que el deudor no tiene la obligación de solicitar concurso hasta finales del año, y tampoco lo pueden hacer sus acreedores.
Si atendemos a los datos, la moratoria concursal ha reducido notablemente el número de concursos, que ha ascendido a 4.290 procedimientos durante los tres primeros trimestres de 2020, frente a los 5.478 correspondientes al mismo período de 2019.
Con ello, se busca esquivar la liquidación de empresas con problemas transitorios de liquidez, pero que puedan ser solventes en el medio plazo, en un contexto de gran incertidumbre económica que no permite discernir correctamente entre empresas viables e inviables.
Todas estas medidas nos llevan a una mayor tasa de supervivencia de empresas no viables, lo que puede acarrear efectos negativos en la necesaria reasignación de factores productivos y recuperación de la actividad empresarial en su conjunto en el medio plazo. Si las empresas no se reestructuran, se mantiene una estructura empresarial que es un lastre y no se adapta a la realidad.
Puede pensarse que está plenamente justificado canalizar recursos si, como contrapartida, el tejido productivo se mantiene. Pero una cosa está clara, todo ello se hace incrementando notoriamente el riesgo, una socialización de las pérdidas de los sectores más afectados por la pandemia. La pregunta clave es cual es el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir y el coste de oportunidad que implica no transformar sectores que están lastrando la economía.
Todas estas medidas, si son sostenidas en el tiempo, nos envía a una mayor tasa de supervivencia de empresas inviables, que, si no están acompañadas de refinanciaciones bancarias o nuevo crédito desaparecerían en un breve plazo. Y ese es el quid de la cuestión para 2021, su desaparición.
Desde el punto de vista bancario, las entidades financieras se han enfrentado a un dilema. Por un lado, deberían mantener o aumentar sus préstamos y, de hacerlo, los mayores riesgos incurridos acaban reduciendo la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, ya que deben digerir mayores pérdidas. No es de extrañar que las cotizaciones bancarias hayan caído por debajo a la crisis de 2008.
La banca debe estar atenta. Las medidas ofrecidas maquillan si un prestatario está en problemas o no. Normalmente, el indicador más obvio son los pagos pendientes. Durante la crisis, los bancos de muchos países han concedido a los prestatarios una pausa para afrontar los préstamos, ya sea por iniciativa propia o en virtud de una moratoria. En consecuencia, los bancos no pueden evaluar el riesgo de los prestatarios y deben basarse en información más cualitativa.