El pasado 13 de julio, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un polémico decreto mediante el cual se suprimiría la paga extra de navidad de los funcionarios. El objetivo, como no podía ser de otra forma, era ahorrar unos eurillos. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, en el conjunto del Estado el ahorro rondaría los 4.000 millones de euros. Sin embargo, se les olvidó mencionar que dicha rebaja no incluye las pagas extras de alcaldes, concejales y demás políticos electos, como diputados provinciales.
El real decreto sí deja constancia de que el recorte incluye a los altos cargos del Gobierno central, sus órganos consultivos, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, de Cuentas y Defensor del Pueblo, pero no incluye en dicha medida a los representantes políticos de las corporaciones locales y diputados provinciales debido a que su régimen es de autonomía local.
Para que nos entendamos, si estos políticos deciden tomar una decisión en la misma línea que la decretada por el Gobierno, que dada la picaresca reinante en los ayuntamientos lo dudo mucho, tendrían que someter dicha decisión al acuerdo de los respectivos plenos de los Consistorios. Vamos, que la pelota sobre la paga extra de estos señores electos recae sobre su propio tejado, ya que su supresión debe ser aprobada por ellos mismos en un pleno local. ¿Lo harán? Se admiten apuestas.
La conclusión a la que más de un ciudadano podría llegar tras conocer la noticia es que la red opaca entorno a la política local española no tiene arreglo. Los recortes en los ayuntamientos son ahora mismo más necesarios que nunca. Sin embargo, habrá que ver qué alcalde valiente se atreve a meter la tijera en complementos salariales como las dietas, la asistencia a plenos y comisiones o en las aportaciones destinada a los grupos políticos de sus corporaciones. La imagen de transparencia que darían a la ciudadanía sería, sin duda, bastante positiva. ¿Se atreverán?
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