El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado durante una visita a Barcelona una cuantiosa inversión del Estado en las infraestructuras de Cataluña: 4200 millones de euros en los próximos tres años (hasta 2020). En materia de inversiones públicas del gobierno central, el 'gordo' caerá en Cataluña los próximos tres años.
La mayor parte del dinero se lo lleva el ferrocarril. El servicio de Rodalies (las Cercanías de Barcelona), cuya mejora era una reivindicación histórica, se lleva casi 1900 millones hasta 2020 e inversiones adicionales hasta llegar a 4000 millones en 2025. También se lleva cuantiosas sumas el corredor mediterráneo del AVE, con prioridad para el tramo entre Tarragona y Vandellós, que en 2018 acortará el viaje entre Valencia y Barcelona en media hora.
El plan se completa con 850 millones para carreteras (especialmente la autovía B-40, cuarto cinturón de Barcelona), 587 millones para los puertos catalanes y 240 millones para el aeropuerto de El Prat. Como guinda al pastel, Rajoy ha anunciado que el gobierno presionará para que Barcelona sea la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente en Londres.
El agravio comparativo con el resto de España
Al hablar de cifras tan grandes puede llegar a perderse la perspectiva de las cantidades que esta inversión significa. 4200 millones de euros es más dinero del que el estado ha invertido en ninguna comunidad autónoma en los últimos diez años, salvo Andalucía, Galicia y Castilla y León (coincidiendo con la expansión del AVE). Cataluña recibirá esta cantidad (según la promesa de Rajoy) en tan solo tres años.
En particular, destaca la comparación con la Comunidad de Madrid (cuya red de Cercanías, por ejemplo, tiene bastantes más usuarios que la de Barcelona): la inversión anunciada para Cataluña en los próximos tres años duplica a la que recibirá Madrid en los próximos diez.
A pesar de ello, el gobierno catalán ha reaccionado de forma crítica al anuncio, al considerar que la deuda en infraestructuras del gobierno central con Cataluña asciende a 10.000 millones. Según sus cuentas, el gobierno central sigue lejos de realizar inversiones acordes al PIB que aporta Cataluña al conjunto del estado.
Las infraestructuras: antídoto histórico para 'apaciguar' nacionalismos
A nadie se le escapa que la propuesta de Rajoy está relacionado con el proceso independentista que vive Cataluña. En palabras del propio Rajoy tras el anuncio, realizado ante importantes empresarios, "es tiempo de sellar grietas, reconstruir puentes y mirar hacia adelante". El mensaje político está claro: el gobierno central tiene una mano negociadora al catalán, con un generoso plan de inversiones como muestra de buena voluntad.
No es la primera vez que las infraestructuras se usan para frenar los movimientos centrífugos de la periferia. Cuando aún no había fondos de cohesión europeos para hacer autovías gratuitas, la red de autopistas de peaje comenzó a construirse en la periferia. La primera autopista española fue, de hecho, la Barcelona-Mataró, inaugurada en 1969.
En pocos años, el corredor mediterráneo catalán y la conexión de Barcelona a Zaragoza disponían de flamantes autopistas. Lo mismo sucedía con las conexiones de Bilbao hacia Burgos y la frontera francesa. Pasarían décadas hasta que regiones como Extremadura o Castilla - la Mancha tuvieran un solo kilómetro de vías rápidas. El mapa de autopistas antes de la entrada de España en la Unión Europea era de todo menos radial.
En el caso catalán, el esfuerzo inversor del estado central en infraestructuras se siguió manteniendo. En 1996, un Aznar necesitado de votos nacionalistas catalanes realizó un anuncio similar al actual de Rajoy. Según diferentes informes, Cataluña fue la comunidad que recibió más dinero en ese capítulo en los periodos 1996 - 2011 o 2006 - 2015.
Se trata solo de un ejemplo particular del uso de las inversiones en infraestructuras para sacar réditos políticos. Sin exigentes auditorías externas estas inversiones son especialmente peligrosas ya que los gobiernos tienen muchos incentivos para aprobarlas a corto plazo (los "cortes de cinta" siguen dando votos) pero dejan grandes deudas a largo plazo en el erario público. Como muestra de ello los casos del soterramiento de la M-30, las autopistas radiales o ciertos tramos del AVE que tardarán muchas décadas en ser rentables.
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