Pleitos tengas y los ganes con las nuevas tasas judiciales


Cantaba Peret “pleitos tengas y los ganes, vaya maldición gitana “cargaita” de razón” aludiendo al funcionamiento de la justicia en España. Desde mañana, el acceso a la justicia deja de ser gratuita a nivel impositivo, dado que hoy se ha publicado en el BOE la Ley 10/2012 que institucionaliza el acceso a la justicia de pago para todos los ciudadanos con la imposición de las nuevas tasas judiciales.

Esta nueva ley, cambia las reglas de juego en los sistemas de financiación de la justicia y lo que antes se paga por vía impuestos y presupuestos generales, ahora, se cambia por sistema mixto, mediante la introducción de una tasa judicial por el acceso a cualquier tipo de proceso judicial que no sea penal, único régimen que realmente se queda fuera del sistema de tasas. Los importes que se cobran son realmente elevados, digan los políticos lo que digan tal y como podemos ver en el siguiente resumen de las nuevas tasas judiciales.

Cuánto hay que pagar con las nuevas tasas judiciales


En procesos civiles
  • Verbal y cambiario: 150 euros
  • Ordinario: 300 euros
  • Monitorios, demanda incidental en concurso: 100 euros
  • Ejecución extrajudicial y oposición a ejecución: 200 euros
  • Concurso necesario: 200 euros
  • Apelación: 800 euros
  • Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 euros

En procesos contenciosos-administrativos

  • Abreviado: 200 euros
  • Ordinario: 350 euros
  • Apelación: 800 euros
  • Casación: 1.200 euros

En procesos de orden social

  • Suplicación: 500 euros
  • Casación: 750 euros

Pero el caso es que aunque estas cifras nos parezcan “asumibles” las tasas judiciales tienen una segunda componente que se fija en variable que es la realmente cara. En función de la cuantía del proceso, abonaremos el 0,5% hasta un millón de euros y el 0.25% para la cuantía que exceda del primer millón. Este importe variable se limita a 10.000 euros por tasa liquidada.

Para que nos hagamos una idea, supongamos que planteamos un juicio ordinario para reclamar una deuda de 30.000 euros. La primera tasa que tenemos que pagar es de 600 euros, cuantía nada despreciable desde luego que se suma a los costes que incurrimos de abogado y procurador.

Exenciones a la tasas, condena en costas


En el caso de que hayamos comenzado un proceso judicial y lleguemos a una solución erxtrajudicial, tendremos derecho a la devolución del 60% de la tasa pero sin cálculo de intereses de demora. En el caso de que en el proceso se condene en costas a la parte contraria, la tasa pagada inicialmente, se le podrá repercutir al demandado, aunque como siempre, muchos procesos de impagos, terminan con una sentencia favorable para el acreedor pero sin pago real por insolvencia.

Si pagamos las tasas por medios telemáticos, tendremos un descuento del 10% en el importen total de la tasa. Por ahora, sólo se quedan como exentas de dichas tasas, los juicios monitorios y las reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros, así como los procesos de concurso voluntario, protección de los derechos fundamentales y libertades públicas y Administración Electoral.

Si el demandante tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, están exentos de la tasa; al gual que los poderes públicos, la administración junto con sus organismos públicos. Los trabajadores que interpongan procesos en el ámbito social, gozan de una exención del 60% en el total de la tasa.

Justicia para todos, justicia cara


Tal y como he comentado al comienzo del post, la justicia gratuita no existe; Nada es gratis en esta vida y lo que antes se pagaba íntegramente al 100% vía impuestos, ahora se le suma el pago por uso. El problema de fondo que vemos en todo esto es que no siempre, los ciudadanos disponen de las cantidades necesarias para afrontar el ejercicio de sus derechos ante la justicia y si ya es complicado en muchos casos pagar un abogado y procurador, ahora le sumamos el coste fiscal de ejercitar el cumplimiento de nuestros derechos.

Estas tasas están configuradas para que las acciones que se pidan no se ejerciten hasta que se abonen las tasas correspondientes, por lo que el pago es requisito imprescindible nada más sentarnos en el despacho de cualquier abogado. Procesos como un divorcio, pueden ser un verdadero calvario si comienzan a sucederse diferentes acciones judiciales en varios ámbitos como liquidación de gananciales, regímenes de visitas y demás.

Veo un despropósito este sistema de tasas judiciales, porque queda muy claro que los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita son muy bajos en requisitos económicos y en la situación actual, si falta algo en la cartera de los ciudadanos, es dinero para pagar por el propio ejercicio de sus derechos.

En El Blog Salmón | Subida y generalización de las tasas judiciales, El copago llega la justicia con la nueva ley de tasas judiciales
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