En lo positivo: cualquier medida encaminada a la reducción del fraude fiscal deberíamos recibirla con regocijo, ya que en definitiva cada euro que se despista de esta forma lo están sacando del bolsillo de los ciudadanos, que son los que aportan el dinero público. En lo negativo: una vez más, se criminaliza a la generalidad por culpa de unos pocos. Y una vez más se pretende que sean los empresarios no solo los que generan empleo, aportan crecimiento, generan riqueza, soportan la mayor parte del gasto de la seguridad social e incluso recaudan los impuestos (que es lo que hacen con el IVA y con el IRPF que retienen mes a mes), sino que ahora también serán co-responsables de la detección del fraude fiscal. Más retenciones, más modelos a presentar, más burocracia. Mientras tanto, en otros paises europeos se han creado organismos específicos para medir el nivel de burocracia existente, con el objetivo de reducirlo a los mínimos imprescindibles y fomentar así el emprendizaje.
¿Es que no había otra forma para trazar el fraude que cargar con otra obligación y otro impuesto más a los empresarios?
Vía | La Razón Digital