Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, ha manifestado a los ciudadanos la promesa de que es la primera acción del gobierno será una rebaja fiscal en el IRPF para todos los madrileños, con un impacto presupuestario de 300 millones de euros.
Este sería un primer paso que en las diferentes bajadas de impuestos que contempla el Gobierno y debe de estar avalada tanto por la coalición de Partido Popular-Ciudadanos como Vox ya ha generado polémica. No obstante, otras comunidades ven en esta decisión el primer golpe para una competencia fiscal que puede poner en riesgo los modelos fiscales de otras autonomías.
El principal desafío: Cuadrar las cuentas públicas
La Comunidad de Madrid está a un paso de cuadrar las cuentas públicas. El pasado ejercicio cerró con un déficit público del 0,16% del PIB, quedando por debajo de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas situado en el 0,40% del PIB.
La Comunidad de Madrid también está cumpliendo con los objetivos de la pública marcados. En el año pasado, se cerró con una deuda pública del 14,5% del PIB la segunda más baja del territorio español en una comunidad por detrás del País Vasco, y sustancialmente por debajo del 24,3% de la media nacional.
Un déficit tan irrisorio no es un problema en una comunidad que está creciendo al 3,3%, liderando el crecimiento dentro de España, ya que el propio avance del PIB, permite menguar la ratio deuda pública/PIB, la principal medida de riesgo para el cumplimiento de una administración.
Las críticas basadas en el argumento de la capitalidad
Se tiende a decir que Madrid puede bajar impuestos ya que está favorecido por el efecto capitalidad. Es decir por el hecho de ser la capital de España, consigue atraer flujos de capitales. Y fruto de esa actividad económica, seguidamente se le otorga la capacidad de bajar impuestos.
En este argumento se parte de una premisa, y es que los flujos de capitales son inelásticos a la política fiscal de la Comunidad y queda amparado a la capitalidad. Si fuera cierto, en consecuencia, se podría diseñar una política fiscal restrictiva para maximizar la recaudación la Comunidad de Madrid sin alterar los flujos de capitales.
No obstante, el error es posicionar a los flujos de capitales como premisa inicial y no como consecuencia final de una política fiscal atractiva que permite atraer capitales, e incentivar una competencia fiscal que, al fin y al cabo, beneficia ciudadano.
También hay que señalar que el actual sistema de financiación autonómico es el más perjudicial para la Comunidad de Madrid: Cada madrileño estaría aportando 2.979 euros al resto de CCAA (datos de 2014).
Descentralización y competencia fiscal
Muchas autonomías se quejan desde Madrid está ejerciendo un dumping fiscal. De algún modo, rechazan la idea de competir fiscalmente y que el modelo a seguir es extender sus esquemas de infierno fiscal con una represión impositiva al ciudadano aquellas comunidades que decidan libremente rebajar la carga fiscal.
El argumento base es que la competencia fiscal pone en riesgo el modelo del estado bienestar, y competir les llevaría a un modelo fiscal que impediría cuadrar el gasto público presupuestado.
Incluso, Ximo puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, afirmaba que el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones deberían ser competencia de la administración central, el Estado. Una apuesta por el centralismo.
Bajo un esquema de centralización, el ciudadano tiene menor representación en las decisiones estatales y, por lo tanto, la mano política tiene una mayor capacidad de ejercer una represión fiscal. Pero quizá el dato más interesante es que la mayoría de países descentralizados parecen tener un PIB per cápita más alto, mientras que los países más centralizados tendrían los niveles más bajos.
Las comunidades autónomas que quieran un modelo del Estado del Bienestar, debe estar sustentado por las voluntades de sus propios ciudadanos. Pero si existe un miedo ser rechazado, es que las políticas empleadas, en el fondo, no se ajustan a la plena voluntad de sus ciudadanos.