En las últimas semanas se está valorando la aplicación generalizada de las vacunas en desarrollo durante el 2021. Sin embargo, hay un trasfondo que se tiende a ignorar y es, cuál será la rentabilidad de las vacunas para las farmacéuticas que las han desarrollado.
Hemos visto cómo a raíz de la publicación de los resultados de efectividad de la tercera fase en distintas vacunas, muchos directivos de las empresas farmacéuticas han estado vendiendo sus respectivas acciones. El caso más destacado es el CEO de Pfizer, Albert Bourla, que se deshizo de 130.000 acciones de la empresa, recaudando 5,6 millones de dólares (el 62% de las acciones de sus acciones).
Si presuponemos que las vacunas deberían ofrecer una alta rentabilidad por su importancia y aplicación masiva que llevaría a una entrada de flujos importante en las cuentas de las farmacéuticas, carece de lógica deshacerse de estas acciones. Por lo tanto, podemos deducir que, por parte de sus respectivos directivos -aquellos con información de primera mano-, se están calibrando unos riesgos potenciales que impactan directamente sobre la rentabilidad final de la vacuna que les lleva a la conclusión que ahora es el mejor momento para vender sus acciones.
Antes de todo contextualicemos, ante el actual destrozo de la economía y los potenciales confinamientos parciales que puedan desarrollarse en el futuro inmediato, existe una elevada presión de la sociedad canalizada a través de los Gobiernos para encontrar la vacuna del Covid-19, por lo que finalizar los ensayos en la Fase III con éxito es de vital importancia.
Pero, si el procedimiento siguiera sus cauces naturales, muy probablemente, la vacuna no llegaría al mercado hasta sobrepasar 2022. Pero se quiere apretar el acelerador de la vacuna y, si se introduce en el mercado demasiado pronto, existen riesgos que deben ser considerados como los efectos adversos potencialmente desconocidos.
Normalmente, una vacuna tarda años en completar sus respectivas fases de desarrollo para llegar al mercado y, cuando ya se han realizado todas las verificaciones, se procede a la autorización para la posterior comercialización. Tras pasar todos los filtros, si vacuna finalmente tuviera un resultado contraproducente para parte de los consumidores o para la salud pública, tras todas las fases perfectamente ejecutadas la responsabilidad final sería de la farmacéutica. Un riesgo que integran todas las farmacéuticas por su propia actividad y cubren con acuerdos con las aseguradoras.
Pero en este caso específico ¿qué sucede cuando se trata de acortar tiempos para que la vacuna tenga una utilidad inmediata y masiva? En este caso la responsabilidad final que afecta a la rentabilidad del producto queda solapada por un manto de incertidumbre. Las farmacéuticas no han podido testar plenamente la vacuna por una exigencia de tiempos y ese es un riesgo que, de salir mal, impacta directamente contra las cuentas del negocio. Por su parte, las aseguradoras evitarían ofrecer cobertura a un riesgo que pudiera llevarles a la quiebra.
Por todo ello, puede cobrar más sentido por parte de los directivos proceder a la venta de acciones en el momento de lanzar la nota de prensa relatando el éxito de la Fase III con altísimos porcentajes de efectividad que en un contexto que descuente los riesgos de su aplicación, con eventuales efectos no deseados o, en última instancia, una intervención por parte de los Gobiernos en favor del "interés público".
Pensemos que, tras las notas de prensa en la que se predica la alta efectividad de la vacuna, el mercado maximiza los flujos esperados de caja con la reversión de las expectativas al alza, es decir, la rentabilidad esperada por la explotación de la vacuna. Cualquier riesgo que se materialice posteriormente puede ir en contra de las acciones de las farmacéuticas.
Desde el punto de vista de los fabricantes y las empresas farmacéuticas es lógico que no quieran asumir los riesgos de introducir la vacuna en el mercado de manera temprana. Por ello, desde las farmacéuticas ya han solicitado un sistema de indemnización se inculpa y oposición y exención de toda responsabilidad civil que pudiera derivarse del tratamiento. Esa solicitud viene dada para tratar de eludir la responsabilidad potencial desconocida que puede crear la vacuna, lo que impide su capacidad para asegurar o proteger contra el riesgo de pérdida. Se trata de blindar la rentabilidad de la vacuna y evitar las pérdidas.
Dado que es una exigencia de los Estados, deberían ser quiénes compensen a las farmacéuticas si su explotación llevara pérdidas. Tenemos antecedentes como la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Niñez implementada en Estados Unidos en el año 1986 que promulgó el Programa de Compensación por Lesiones por Vacuna que actuaba como una alternativa sin culpa a las reclamaciones por agravio que resuelven las reclamaciones por lesiones por vacunación y así conseguir que las farmacéuticas evitaran la responsabilidad civil que les hubiera supuesto notables pérdidas.