Los españoles, sumergidos en plena crisis económica y con la inflación disparada, pagan de media 551.185 millones de euros entre impuestos y cotizaciones. A estos se le suman los ingresos de las administraciones públicas. Estos datos, aportados, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), suponen una cifra récord en cuanto al pago de impuestos como porcentaje del PIB. Un problema generalizado que afecta a toda Europa, pues con el envejecimiento de la población la carga impositiva aumentará sobre los ciudadanos.
Solo hay que ver cómo en 2023, los contribuyentes españoles soportaron un tipo medio del 15,4% en los grandes impuestos, dos décimas más que en un ejercicio. Se cerró el año con un déficit público del 3,64%. Si a la presión fiscal nacional se le suman los aranceles aduaneros y las aportaciones de los bancos al fondo europeo de garantía, el PIB español se incrementaría hasta en tres décimas.
En el segundo trimestre de 2024, la economía española volvió a crecer un 0,8% intertrimestral, un ritmo de crecimiento dinámico y superior al 0,2% registrado en la Eurozona. Además, según estimaciones nuevas del INE, entre 2019 y 2024, el PIB español ha crecido un 5,7%, es decir, 1,0 p.p por encima de la estimación anterior. Solo en 2023, el PIB creció un 2,7%, en lugar de hacerlo un 2,5%, tal y como estaba estimado.
Si pese a la inflación, el estancamiento de la economía de Alemania o unos tipos de interés elevados, la economía española ha mantenido su ritmo de crecimiento dinámico es gracias al impulso y desempeño del mercado laboral y a los datos del turismo internacional. Así pues, la inversión se situó en un 0,4% por encima del PIB en el segundo trimestre y el consumo privado en un 1,4%.
Excesiva carga fiscal: un problema generalizado
La problemática no solo afecta a España, sino a todos los países de la zona euro, que registran unas cifras récord nunca antes vistas. De hecho, en casi todas las grandes economías del viejo continente ha aumentado el porcentaje de PIB. Alemania alcanzando el 40%, Francia y Dinamarca rozando el 50%, Reino Unido en una subida, sin precedentes, de hasta casi el 40% y países como Italia, Finlandia, Grecia o Noruega consolidados por encima del 40%.
Pese al crecimiento del PIB, España es de los países desarrollados en los que más bajo se encuentra el porcentaje, aunque con un ascenso muy pronunciado. El Gobierno de Sánchez asegura que desde su llegada la mayoría de los contribuyentes han visto mejorar su fiscalidad.
España en cifras récord de PIB
Pero los números demuestran justo lo contrario, que el peso de los impuestos sobre el PIB nacional ha subido en seis puntos desde 1995, pasando del 32% al 38%. En concreto, el 60% del aumento de la presión fiscal se ha producido durante el mandato de Sánchez.
La realidad es que el Gobierno socialista ha logrado el mayor récord de recaudación de la historia tributaria y que, pese al margen fiscal existente con sus homólogos europeos, España ha sido el país con el mayor incremento de presión fiscal entre 2019 y 2022 entre todos los socios de la UE. Estos datos, recogidos en el ‘Impuestómetro 2024’ del Instituto Juan de Mairena, vienen a reflejar que las familias pagan dos de cada tres euros de aumento de la recaudación tributaria. Hablamos de un monto equivalente a 3.890 euros por hogar.
Solo entre 2018 y 2024, el Gobierno ha creado o subido un impuesto cada mes, es decir, 69 aumentos tributarios. Además, en 2025, se prevé elevar la recaudación unos 7.000 millones, es decir, 371 euros más por hogar.
El problema del envejecimiento poblacional
Uno de los graves problemas a los que se enfrenta España, y Europa en general, es el envejecimiento de la población, que además de poner en jaque a los sistemas de pensiones o el relevo de profesionales en el mercado laboral, añade una presión extra a la deuda pública. Y es que, el envejecimiento de la población constará a la UE el 2% de su PIB, al menos hasta 2052.
En estos países, el ajuste fiscal en el presupuesto no relacionado con el envejecimiento tendría que continuar después del periodo inicial de ajuste de cuatro a siete años, obligando a rediseñar sus estrategias para colocar la deuda en niveles inferiores al 60% y el PIB por debajo del 3%.
Hay excepciones. Italia, Francia, Suecia, Finlandia, Lituania, Bulgaria y Croacia son los únicos países de la UE que se salvan de experimentar un aumento del gasto por envejecimiento.
España debería trabajar en reasignar los gastos de partidas y los nuevos incrementos de impuestos. Se recomienda recortar las partidas presupuestarias no relacionadas con el envejecimiento entre el 4% y el 5%.
La tendencia podría extenderse más allá de 2031. Para compensar la balanza, políticas como el aumento de la inmigración, el incremento de los niveles de fertilidad, el impulso de la productividad o la reducción del coste de los cuidados de larga duración para las personas mayores cobraría un peso importante y ayudarían a recortar la presión fiscal en medio punto. Pero la realidad es que, al reducirse la población activa, se aplica un descenso del PIB y un aumento de la ratio de deuda. A esto se le suma el incremento del gasto público en las personas mayores y la reducción de inversiones, que ejercería una presión a la baja sobre los tipos de interés.