Diez meses ha tardado el Ejecutivo en plantear la primera reforma de la Administración Pública que nace muerta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha fijado la creación de una comisión de análisis de la administración conformada en simultáneo por otras cinco subcomisiones para abordar los siguientes frentes:
- Eliminar duplicidades administrativas. Tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa.
- Simplificación administrativa. Revisará las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos.
- Gestión de servicios y medios comunes. Tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos.
- Administración institucional. Se analizará la distinta tipología de entes que la componen, se revisará el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos.
El Gobierno se aferra al acuerdo institucional alcanzado en la Conferencia Autonómica de Presidentes y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para llegar a un objetido de remodelación completa de la Administración Pública. Pues bien, estas comisiones, tendrán de plazo hasta junio de 2013 para plantear los respectivos análisis y aportar las medidas que se pondrán en marcha. Hasta aquí, muchas palabras, más gasto público con fin difuso pero poca acción y por eso, digo que la reforma de la Administración Pública nace muerta.
El principal problema que tiene esta reforma es el tratamiento de las diferentes competencias a nivel de administraciones, los diferentes estatutos de autonomía, la constitución y la poca voluntad que van a mostrar en el futuro las administraciones para delegar funciones al Gobierno Central.
Soraya ha citado por ejemplo el uso del BOE y los servicios de publicaciones oficiales. Bien es cierto que es muy probable que si el Estado se encargara de la gestión de todos los boletines autonómicos, provinciales y locales, tendríamos un ahorro y una mayor eficiencia. Pero para afrontar este cambio, aquellas administraciones que “pierden la potestad” deben aceptarlo y ante la duda, el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias está servido.
Pongamos por ejemplo casos como las tarjetas sanitarias, los sistemas cruzados de datos entre los servicios de empleo y la propia Seguridad Social, casos como los cambios de titularidades de vehículos o incluso, las diferentes administraciones que gestionan sus propios tributos y generan un caos normativo y administrativo (por ejemplo, pensemos en liquidar Actos Jurídicos en cada comunidad por una vía diferente).
A día de hoy, no veo voluntad alguna de Andalucía, Cataluña, País Vasco y o Galicia, de ceder competencias, de perder poder y control en la toma de decisiones, por lógicas y sensatas que nos parezcan. Por último, los plazos planteados me parecen muy abultados, y se deberían haber segmentado los análisis por áreas y a menor plazo, aunque la principal reforma del Estado tiene que salir desde arriba hacia abajo y eso implica, reformar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, reformas que nadie quiere sentarse siquiera a la mesa para discutir un nuevo modelo de Estado, ya sea central, federal o incluso fragmentado.
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