El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentó ayer el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, noticia que ha sido tratada generosamente por los medios basándose sobre todo en un titular: "Los funcionarios no tendrán garantizado su puesto de por vida". Luego, la letra pequeña (que muchos no han mencionado) demuestra que este titular es mentira, y que este estatuto es, en el fondo, un lavado de cara superficial que no va a atacar de raiz algunos de los problemas del funcionariado (de cuyo modelo, vaya por delante, soy un gran detractor).
Veamos algunos de los detalles:
- La permanencia en el trabajo: se dice que se va a establecer un método de evaluaciones del desempeño (fantástico) y que estas evaluaciones, si son reiteradamente negativas (es decir, una condición muy restrictiva) darán lugar a un cambio de puesto, pero no a un despido. Es decir, que la realidad es que un funcionario seguirá teniendo su trabajo asegurado y que no se le podrá echar. Simplemente, se le buscará un hueco donde "moleste" menos. Pues vaya un adelanto, en el fondo las cosas siguen igual. Y es que (siempre en mi opinión) una organización que no puede desprenderse de quienes hacen mal su trabajo está enferma por definición. Apuesto además a que, para evitarse "malos rollos", los encargados de hacer las evaluaciones darán café para todos porque total, si la única consecuencia que va a tener una evaluación negativa es un enfrentamiento (ya que tienen que ser varias para que se produzca un cambio de puesto) pues para qué te vas a meter en berenjenales.
El efecto sobre la retribución: una mala evaluación podrá dar lugar (ya se verá, porque queda pendiente de regular) a que se vean afectados los pluses de productividad, rendimiento o cumplimiento de objetivos... hombre, ¡es que sólo faltaba!. Porque lo que se dice implícitamente es que ahora se dan esos pluses independientemente de la productividad, el rendimiento o el cumplimiento de objetivos.
Mejoras en el desarrollo profesional y en las retribuciones: habrá que ver cómo se define este punto, pero de nuevo apuesto al "café para todos".
La selección de personal: parece que aqui sí se quiere dar un paso adelante. Y es que el absurdo modelo de oposición (en el que se evalúa fundamentalmente quién tiene más memoria, y no quien tiene más capacidades vinculadas al desarrollo del puesto) se pretende complementar (yo preferiría eliminarlo, pero bueno) con entrevistas personales, tests psicotécnicos o evaluación del curriculum. Falta hace, porque el modelo actual incentiva la contratación de perfiles que no tienen por qué responder a las necesidades del puesto y así te encuentras como Jefe de Área o Jefe de Sección a gente que en su vida ha gestionado un equipo, ha planificado, ha establecido objetivos, ha dirigido proyectos... y las cosas salen como salen.
Código de conducta: buenos propósitos y brindis al sol. "Se tratará con atención y respeto a ciudadanos y superiores" y eslóganes similares. ¿Y si no, habrá alguna consecuencia? Pues eso.
En definitiva, un lavado de cara y poco más. Además, el propósito de reducir la temporalidad del empleo que conlleva este estatuto en el fondo nos da una pista de por dónde se quieren llevar los tiros. No se quieren menos funcionarios, sino que se quieren más. "Empleo público de calidad", dicen. ¿Calidad para quién? Lo que debería procurar el Gobierno es empleo de calidad para todos, y no para una casta de favorecidos e intocables.
Considero el funcionariado una institución rancia, profundamente clasista y discriminatoria para con el resto, pozo sin fondo de recursos, con una organización burocratizada, poco flexible y que incentiva la mediocridad. Y, bajo mi punto de vista, habría que dirigir la acción a flexibilizarla, agilizarla, reducirla y profesionalizarla. Y este Estatuto apenas incide en ello. El mismo perro con distinto (aunque muy parecido) collar.
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