En España, la situación de no estar sin Gobierno no es desconocida ya que estuvimos 314 días, de enero a octubre del 2016, sin Gobierno ante la falta de apoyos de la izquierda al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.
Esto dio pie a la destitución de Pedro Sánchez como líder socialista, elecciones anticipadas y a una coalición entre PP y Ciudadanos que acabaría con la moción de censura liderada por el reelegido líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Tras un breve Gobierno del PSOE, en minoría, y una victoria socialista en las elecciones, sin obtener mayoría absoluta, España vuelve a estar sin Gobierno. Este problema de inestabilidad política se puede traducir en un problema económico, no tanto por las previsiones de crecimiento, si no por la parálisis de la toma de decisiones o actualización de medidas.
Nos podemos preguntar: ¿Qué consecuencias económicas puede traer unas nuevas elecciones para España?
¿Cuáles consecuencias económicas de no tener Gobierno estable en España?
Pedro Sánchez no consiguió la pasada legislatura modificar la reforma de pensiones realizada por el anterior ejecutivo del PP ni aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estados, puede darse la situación de que pensiones, salarios públicos, subsidios, ayudas y prestaciones queden congeladas para el próximo año si la falta de Gobierno termina en unas nuevas elecciones.
Si no hay investidura en septiembre, las pensiones subirán lo mínimo establecido por ley y los salarios públicos estarán congeladas durante el 2020. Todo esto, después de que tanto las pensiones como los sueldos de los funcionarios aumentaran en el último momento y por decreto antes de las elecciones.
Pero no son las únicas consecuencias para la economía española, sin un Gobierno ni Presupuestos actualizados, tampoco se va a revalorizar el 'Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples' (IPREM), que desde 2004 es el valor de referencia para calcular el importe de las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y subsidios, ni se aumentará el 'Salario Mínimo Interprofesional' (SMI).
¿Cuáles son las consecuencias para las pensiones de los jubilados?
Dada que la ley vigente es la que aprobó el PP en 2013 y no está sujeta a la revalorización según la inflación, en el 2020 se seguirán aumentando según el cálculo matemático que se estableció según la ponderación histórica de la Seguridad Social.
La ley establece si este cálculo matemático de un resultado negativo, es decir, que hubiera un déficit, solo se puede aplicar un aumento mínimo del 0,25 por ciento.
Por otra parte, el Congreso de los Diputados, en enero de este año, aprobó un aumento de las pensiones, actualizándolas con un aumento general del 1,6 por ciento a la que se suma el aumento del 3 por ciento en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, y el aumento del tipo que se aplica en el cálculo de las pensiones de viudedad, del 56 al 60 por ciento.
Esta iniciativo no surgió del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que ya partía de un acuerdo anterior que fue asumido por el PSOE con el respaldo de sindicatos y patronal. Por esto, cuando finalmente haya un Gobierno estable, es más que probable, sea cuál sea el partido, se acabe aprobando una buena revalorización de las pensiones.
¿Cuáles son las consecuencias para los salarios de los funcionarios?
De la misma manera, sin Gobierno con pleno poderes, no pueden negociar ni aplicar mejoras en los sueldos públicos para contrarrestar la inflación. Mientras, en junio, el Gobierno en funciones confirmó a los sindicatos que aplicaría un aumento adicional del 0,25 por ciento al salario de los funcionarios a partir de la nómina de julio, con lo que el aumento total durante 2019 ha sido un 2,5 por ciento.
El decreto acordado con los sindicatos y aprobado en el Consejo de Ministros determinó que el aumento de sueldos de los funcionarios sería como mínimo del 2,25 por ciento, vinculando un 0,25 por ciento a la evolución del PIB y otro 0,25 por ciento procedente de fondos adicionales, que no se aplicó dado que el PIB no llegó al crecimiento del 2,5 por ciento establecido.
El aumento del salario de los funcionarios fuer acordado en 2018 por el PP y los sindicatos, pero no fue hasta la entrada del PSOE que se comprometió aplicarlo tras la moción de censura.
¿Cuáles son las consecuencias para las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y subsidios?
Los Presupuestos Generales del Estado del 2019 no tuvieron los apoyos necesarios para salir adelante y fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, el índice de referencia que se utiliza para realizar los cálculos de las ayudas, prestaciones y becas estatales están congelados en 2018 y 2019.
Según los Presupuestos Generales no aprobados el aumento del IPREM es del 2 por ciento, lo que supondría establecerlo en 548,60 euros mensuales, o lo que es lo mismo 6.583,16 euros al año. El IPREM sigue congelado en 537,84 euros mensuales desde 2017, cuando se aumentó por última vez.
El IPREM se debería actualizar siempre a principios de cada año, es decir, cuando se aprueban los Presupuestos Generales, dado que no se ha seguido esta evolución de aprobación de las cuentas públicas durante los últimos años, se ha paralizado los aumentos en indemnizaciones por despido, renta mínima de inserción, becas y subsidios estatales, lo que ha obligado al Gobierno en funciones a revalorizarlos a través de decretos ley.
¿Cuáles son las consecuencias para el 'Salario Mínimo Interprofesional'?
El Gobierno del PSOE no consiguió que su candidato, Pedro Sánchez, fuera investido como Presidente del Gobierno no puede llevar adelante la promesa electoral de volver a aumentar el 'Salario Mínimo Interprofesional' (SMI) para establecerlo en el 60 por ciento del salario medio, como pide la 'Carta Social Europea' y las recomendación del Consejo europeo.
Esta iniciativa forma parte del programa electoral del PSOE y del programa de Unidas Podemos de las últimas elecciones realizadas y, pese a las fuertes críticas que hubo desde la patronal española y otras instituciones por el aumento del 'Salario Mínimo Interprofesional' (SMI) hasta los 900 euros.
El aumento se ha aplicado desde enero del 2019, y podría llevarse un nuevo aumento durante este año, siempre que se llegue a un acuerdo de Gobierno, sea en coalición con otras fuerzas políticas o el Gobierno que salga en solitario.
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