No hay motivos para sonreír. El nuevo año ha traído consigo la revalorización de las pensiones, estableciéndose un incremento del 3,8% con carácter general. Se trata del resultado de aplicar el IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. No obstante, pese al leve incremento de las retribuciones, el pensionista no verá aumentado su poder adquisitivo al percibir un incremento generalizado de los precios y del nivel de vida.
Si los productos básicos como la electricidad, los alimentos o el combustible (éste actualmente a la baja) han aumentado su coste en un 9%, la subida de las pensiones apenas será perceptible para los jubilados, que incluso percibirán una pérdida de poder adquisitivo. De este modo, la fórmula adoptada en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones en base a la evolución del IPC, no tendrá efectos positivos.
La subida de las pensiones, efectiva desde el pasado 1 de enero, se vende por el Gobierno de Sánchez como la segunda mayor subida en lo que va de siglo. No obstante, la calificación del sistema de pensiones sigue siendo vista como una partida de gastos, mientras que otras como defensa, ayudas estructurales a empresas o a la banca son consideradas como inversiones.
La no deflactación en el punto de mira
A los pensionistas no les afectará tanto el IPC en su poder adquisitivo como la no deflactación del IRPF, también denominada como progresividad en frío o rémora fiscal. Y es que al no acometerse, en términos reales perderán poder económico y se verán obligados a afrontar una carga tributaria mayor. De este modo, la elevada inflación no hará que su capacidad económica aumente.
Las pensiones tienen la consideración de rendimientos del trabajo, tal y como sucede con los salarios. Por todo ello, los pensionistas pagan IRPF igual que cuando estaban en activo.
La no deflactación del IRPF es una subida de impuestos encubierta. Ésta suele pasar desapercibida, ya que supone una subida que no precisa de la adopción de acciones discrecionales por parte del Gobierno. Se establece un incremento impositivo poco visible que no tiene coste político.
Una subida insuficiente
Pese a la nueva subida del 3,8% acordada por el Gobierno, la cuantía no compensa las pérdidas generadas en años anteriores, pues el indicador del IPC medio utilizado no tiene en cuenta la verdadera situación de la carestía de la vida en términos reales.
La nueva subida de las pensiones afecta a 10 millones de pensionistas (9,14 millones de pensiones contributivas, 700.000 de clases pasivas y 275.000 pensiones no contributivas).
En términos reales, la subida de las pensiones contributivas del 3,8% implicará que los jubilados cobrarán en 2024 unos 52 euros más al mes o unos 734 euros más al año, hasta situarse en unos 1.430 euros mensuales. De nada servirán estas cifras porque su capacidad adquisitiva no aumentará, sino que empeorará y, en el mejor de los casos, se mantendrá idéntica a 2023.
En cuanto a la pensión media del sistema (1.200 euros al mes), aumentará en unos 46 euros mensuales, es decir, en unos 638 euros anuales. La paga media de viudedad se incrementará hasta los 886 euros mensuales (un alza de 32,4 euros de media) y la paga mínima por viudedad hasta los 14.466,20 euros anuales en el caso de cargas familiares.
Si se trata de pensionistas de viudedad con menos de 60 años, pasarán a ingresar 8.752 euros al año de nómina mínima. La pensión mínima no contributiva por jubilación o invalidez (no han cotizado 15 años) aumenta un 6,9%, aunque es insuficiente, ya que no alcanza el 75% del umbral de pobreza.
En el caso de la jubilación de los autónomos se tratará de la más baja de todos los regímenes contributivos de la Seguridad Social, por lo que vuelven a ser los grandes damnificados del Estado. Se situará en torno a los 952,4 euros, pasando a cobrar unos 35,8 euros más al mes.
Se impone así un proceso de destope de la base máxima de cotización hasta los 56.600 euros anuales. De este modo, quienes perciben un salario más alto cotizarán de forma proporcional a sus ingresos.
El plus de la brecha de género
Con el inicio de 2024 se impone la subida del complemento de brecha de género de las pensiones contributivas y de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Queda establecido tras sumar al porcentaje de revalorización del 3,8% un porcentaje adicional del 5% en base al acuerdo con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.
En resumen, la subida de las pensiones por parte del Ejecutivo de Sánchez no genera un efecto real sobre el poder adquisitivo de la población. Además, se abre la puerta a estimular a que los convenios colectivos se deriven hacia sistemas privados de pensiones. Es por ello que los sindicatos vienen trabajando, a nivel sectorial, para evitar que se imponga un sistema insolidario con el sistema público, de elevado riesgo financiero y de un enorme coste.