Hace unos meses conocimos la purga de empleados públicos que ha llevado a cabo el gobierno del primer ministro británico David Cameron, hecho que ya se sabía que no se iba a convertir en un punto y final, materializándose como una parte constituyente de un proyecto de mayor envergadura, y que surgió como una antesala de cambio de paradigma en el que el sector público, en el que su gestión será privada, que necesariamente tendrá un tamaño mucho menor, y también ocupará una posición menos ‘decisiva’ en la economía británica.
Cameron, que pretende privatizar todos los servicios públicos a excepción de la administración de justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, someterá a concurso la prestación del resto de servicios, con el objetivo de introducir eficiencia, eficacia, transparencia y competencia en la gestión de los servicios públicos que provee el Estado.
Como tratamos en estas páginas cuando analizamos los bienes públicos, la gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, pudiendo recaer esta perfectamente en manos privadas, siempre y cuando se instrumentalicen mediante contratos sin imperfecciones, es decir, que velen por la prestación del servicio en la cantidad y calidad requeridas por los ciudadanos.
Otra cuestión muy distinta y relacionada con lo anterior, es la transparencia que se pueda esperar del propio concurso a la hora de asignar los distintos servicios a los potenciales proveedores, asignación que debería de realizarse en un régimen de competencia perfecta, y cuya decisión se ancle únicamente en criterios objetivos, porque si no sucediese así, no habrá forma de conseguir los fines buscados con esta decisión política.
En cuanto al aterrizaje de esta aventurada y novedosa propuesta, se conoce que no será del agrado de muchos sectores de la sociedad británica, pero teniendo en cuenta la grave crisis fiscal que atraviesa su economía, como sucede en la amplia mayoría de los países industrializados, y las conocidas y drásticas consecuencias que se pueden esperar del no mantenimiento de una buena salud financiera, no queda otra alternativa que cambiar el sector público hacia una nueva concepción, en la que este se empiece a guiar por objetivos no tan dispares a los que mueven el sector privado.
Vía | Cinco días
En El Blog Salmón | En el Reino Unido se podrían despedir hasta 300.000 funcionarios
Imagen | worldeconomicforum