Ante la fuerte crisis que tenemos encima, con una caída interanual de la economía de más del 20% y que se espera que al finalizar el año con un desplome entre el 12% y el 15%, muchos son los que buscan en el gasto público la varita mágica para detener la sangría económica.
Macroeconómicamente y sobre el papel todo se aguanta. Debido a que el gasto público es una variable de la demanda agregada, si el consumo y la inversión no tiran y el sector exterior está cerrado o tambaleante, el gasto público debería ser el catalizador para añadir más PIB y reflotar la economía.
Los defensores de esta premisa señalan que, con un mayor gasto público, se conseguiría mantener las empresas a flote porque muchas de ellas se encuentran al borde de la quiebra y, consecuentemente, sus respectivos puestos de trabajo.
Esta medida conlleva dos problemas asociados. El primero es que no nos encontramos en una economía con una infracapacidad que deba ser apoyada por el gasto público. No estamos en una guerra o desastre ambiental que haya, literalmente, destrozado fábricas y que se pueda justificar la intervención pública para apoyar el resurgir de la infraestructura del sector privado para la restauración de los bienes de capital.
De hecho, esta crisis viene dada porque la capacidad productiva ha sido bloqueada por parte de las administraciones públicas dada su incompetencia en la contención de la pandemia. De haberse contenido, con test masivos, rastreadores e información efectiva a la ciudadanía de cómo combatir la pandemia, hoy no estaríamos hablando de 49.000 muertos (cifras INE) ni del desastre económico español líder en los países de la OCDE. Sin duda, ese habría sido el gasto público necesario en este momento por parte de las administraciones públicas.
Lo podemos entender con el sector turístico español que tiene un peso del 14,6% sobre el PIB. Este sector necesitaba poder abrir puertas en un entorno de seguridad para que las multitudes puedan participar, pero, al no controlar los contagios, este sector ha sufrido el golpe como ningún otro. Según Exceltur, directa e indirectamente este año el sector perderá 98.753 millones de euros ¿debe el Estado compensar esas pérdidas vía gasto público? ¿y las del resto de sectores?
Se desconoce cuánto tiempo durará la situación presente, lanzando un manto de incertidumbre en lo que queda de año y también para 2021. Esto significa que deberíamos reconfigurar nuestro tejido productivo adaptado a un entorno dominado por el coronavirus, o se combate efectivamente la epidemia para que el tejido productivo existente pueda continuar con su actividad.
El segundo problema asociado es que el gasto público viene en forma de deuda. Y España no es el país que mayor credibilidad esté ofreciendo para endeudarse aun más. Para este año se proyecta que la deuda pública pasaría del 95,8% sobre PIB que cerró el año anterior a un horizonte entre el 115%-120%.
Si repasamos los últimos años de España coma encontramos que los gobiernos independientemente del color político han hecho una gestión nefasta de la estabilidad presupuestaria. Cuando la economía ha ido bien se ha incurrido en el déficit público, cuando la economía ha ido mal se ha profundizando severamente el déficit público y, únicamente, en una etapa burbujística de ingresos públicos extraordinarios, se consiguió el superávit presupuestario.
Obviamente, un emisor de estas características no ofrece la mayor de la solvencia hacia terceros. Por eso** hoy tenemos al BCE que está apoyando**, a través del mercado secundario de deuda, las bajas y negativas rentabilidades en la deuda pública y sin poder alcanzar sus objetivos inflacionistas a medio plazo.
Esta dependencia de los bajos tipos de interés puede llevarnos a una japonización de la economía que, aunque se necesite constantemente a la autoridad monetaria para disimular el perfil de riesgo del emisor, el alto volumen de deudas contraídas afecte negativamente a los Presupuestos con una alta ponderación de la partida "servicio de la deuda" sobre otras partidas presupuestarias y el crecimiento económico futuro quede lastrado.
Por todo ello, no debemos hablar de una expansión del gasto público, (porque suma más deuda) sino una reconfiguración del mismo. La influencia del Estado no debe entenderse como una medida de reactivación económica ya que supone no entender el problema y cargar de mayores riesgos hacia el futuro.
El gasto público debe dedicarse inicial y principalmente para combatir efectivamente la pandemia, lo que ayudaría a generar un ambiente de confianza y seguridad para la actividad económica, lo que ayudaría a reponer parte de los ingresos públicos duramente afectados y alejarnos de fatídicas ideas de subidas de impuestos. Al mismo tiempo, parte de la población ha sido damnificada por la actual crisis, en ese punto, el gasto público también tiene sentido como medida de última instancia y contención para ofrecer renta y que puedan acceder al consumo de los bienes y servicios de primera necesidad para no quedar lastrados por la pobreza.