La vivienda en España se deteriora. Los efectos de la Ley de Vivienda y el control a los alquileres no han tardado en llegar. Al establecer unos límites de precios ficticios en zonas con más demanda, los inquilinos no tardan en arrendar parte de esas viviendas o realquilarlas a precio libre, operando en B y saltándose la ley.
De este modo, los jóvenes más solventes arrasan con los pisos de alquiler más baratos que aparecen en los barrios de clase obrera para subarrendarlos, a escondidas del propietario y de la ley, y obtener una elevada retribución. De este modo, no solo conseguirán pagarse el alquiler, sino que también obtendrán un importante beneficio.
Como dice el refrán “quién hace la ley, hace la trampa”. El ingenio se dispara. Hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Vivienda impone una serie de limitaciones al alquiler. Entonces, ante unos propietarios atados de pies y manos, surgen inquilinos que hacen negocio de la necesidad.
Claves del alquilar con la Ley de Vivienda
Con la creación del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, se aporta plena transparencia al coste del alquiler en cada zona residencial, con plena competitividad. De este modo, se contemplan beneficios fiscales para los arrendadores de hasta el 90% si bajasen los precios en un 5% en zonas de mercado residencial tensionadas.
Esa declaración de zona tensionada se extiende durante tres años, prorrogable anualmente. Además, se puede imponer un incremento máximo anual del 3% en los contratos vigentes durante 2024. A partir de 2025, se incluye un nuevo índice de referencia para la actualización anual, reemplazando al IPC.
La especulación triunfa en las zonas declaradas como tensionadas. Quienes poseen un mayor poder adquisitivo alquilan varias viviendas, ya que los grandes propietarios no pueden firmar nuevos alquileres con precios superiores al Índice de Referencia. Para los pequeños propietarios, los incrementos podrán ser proporcionales a la actualización anual permitida sobre el precio del anterior contrato.
Al introducirse la posibilidad de prórroga extraordinaria para el arrendatario tras la finalización del contrato, por plazos anuales y un periodo máximo de tres años, se induce a que éstos puedan llegar a realquilar sus viviendas a precio libre, sin importarle las limitaciones de la ley. Esto se hace a través de portales web o aplicaciones de Internet que no tienen ningún tipo de control.
Un problema latente
La injerencia del Gobierno, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 41% de los alquileres de vivienda se dan sin declaración a Hacienda. Además, en el caso de los alquileres de habitaciones por Código Civil, las cifras pueden ser incluso mayores.
La renta por habitaciones provoca que se doble o se triplique el precio del alquiler. Estos ‘listos’ se aprovechan de la necesidad y fomentan el encarecimiento salvaje. De este modo, pueden cobrar 640 euros por cada habitación, mientras que al compartir piso se paga de media 330 euros en el mismo edificio.
Ante la falta de regulación de este tipo de contratos, se siguen cobrando los honorarios de inmobiliaria, aunque ya es ilegal cobrarlo a los inquilinos, así como otros suplementos adicionales. Se suelen imponer contratos temporales fraudulentos, de seis o nueve meses de duración, pudiendo los propietarios (realmente inquilinos) subir el precio y derivar en una especulación sin límites.
La operatividad es clara. Los caseros están ahora más controlados por la Ley y por la regulación de los precios. Entonces son los inquilinos quienes deciden alquilar habitaciones para estudiantes o trabajadores temporales, recurriendo a empresas de inversión inmobiliaria especializadas en el modelo Rent2Rent. Un modelo de precarización extrema.
¿Qué circunstancias se dan?
Al margen del deterioro de la calidad de vida y de la inflación desatada del mercado privado del alquiler, los caseros (en este caso inquilinos de los propietarios), suelen presionar para que se marchen de las habitaciones si no aceptan las condiciones abusivas o si piden un contrato de larga estancia. De este modo, se vulneran sus derechos y se impulsa la especulación con nuevos inquilinos.
Todo ello es consecuencia de la elevada turistificación y gentrificación, que especialmente afecta a las grandes ciudades del país y que está acabando con el parque inmobiliario, llevándolo a límites de especulación y de libre comercio.
Los alquileres de habitaciones, al margen de la Ley de Vivienda, siguen sucediéndose en Internet y en aplicaciones de venta de artículos de segunda mano. De ahí que sea obligación del Gobierno de Sánchez el velar por su supervisión, en lugar de poner el punto de mira sobre los propietarios, condenados a pagar cada vez más impuestos y a limitar, pese a la carestía de la vida, los precios de sus viviendas. Si se desprotege al usuario frente a quienes especulan con la vivienda y se condena al propietario, acabará destruyéndose la vivienda como activo en el país.