España no es un caso aislado: el problema de acceso a la vivienda es una situación compartida por muchos países europeos. Sin embargo, existe una diferencia clave. Nuestro país apenas ha invertido en vivienda social en las últimas décadas.
A medida que el resto de Europa consolida parques públicos de alquiler de vivienda asequible, España sigue a la cola de Europa y suspende una asignatura de vital importancia para el conjunto de la población.
Un 2 % que lo explica casi todo
Según Newtral, las cifras se explican por sí solas. España apenas cuenta con un 2 % de viviendas en alquiler social (datos del Ministerio de Transportes y del Observatorio de Vivienda). Una cifra menor frente a la media europea (alrededor del 9 %) y muy, muy alejada de países como Dinamarca (21 %), Austria (24 %) o Países Bajos (30 %).
Todo ello se traduce en problemas estructurales, en los que una amplia masa de familias vulnerables queda expuestas al mercado privado sin alternativas reales. Pero ¿por qué España tiene tan poca vivienda social?
¿Dónde está la vivienda social?
A riesgo de pecar de simplistas, esto tiene una explicación sencilla. No ha habido inversión histórica. Entre 2007 y 2021, el gasto medio en política pública de vivienda fue de 34 euros por habitante (la media europea está en 160 euros).
Si lo revisamos en función del PIB: un 0,14 % frente a un 0,54 europeo. España gasta cuatro veces menos y cuenta con resultados acordes a la inversión. Sin sorpresas.
Además, el modelo español ha apostado más por subvencionar la compra de vivienda que por aumentar la oferta de alquiler social. En otras palabras: en lugar de construir un parque público que permanezca, se ha incentivado la propiedad privada y el acceso puntual mediante ayudas a la demanda. El resultado: muchas viviendas protegidas han acabado liberalizándose y pasando al mercado privado en pocos años.
En 2024, un repunte insuficiente
En 2024, se construyeron 14.371 viviendas protegidas, un 62 % más que el año anterior. Es el mejor dato en una década (aspecto que también denota la carencia de vivienda social a lo largo de los últimos años), pero sigue muy por debajo de lo necesario.
Según el último informe de la Fundación Alternativas, España necesitaría al menos 850.000 viviendas adicionales de alquiler social para acercarse a la media europea
La nueva Ley de Vivienda (Ley 12/2023) establece cuotas de reserva para vivienda protegida en nuevas promociones y limita su descalificación automática. No obstante, aún es pronto para saber si tendrá un efecto real a medio plazo y no solventa la diferencia progresiva que se ha ido generando frente a otros países miembros de la UE.
Alquiler caro, exclusión residencial
La falta de vivienda asequible se traduce en un mercado del alquiler tensionado. Como lo demuestra el precio medio del alquiler en el país, que ha subido más de un 50 % en la última década en muchas ciudades, frente a un crecimiento salarial mucho menor.
Para los jóvenes españoles, emanciparse se ha convertido en una quimera. Según Eurostat, el 64 % de los menores de 30 años todavía viven con sus padres.
Incluso cuando existe vivienda protegida, esta no siempre es accesible. Por ejemplo, ciudades como Cádiz, siguen promoviendo viviendas de protección oficial por más de 260.000 euros, con entradas iniciales superiores a los 40.000 euros.
Precios fuera del alcance de aquellas familias que más ayuda necesitan: el salario medio entre los menores de 30 años no alcanza los 1.200 euros netos, y el acceso a financiación hipotecaria exige un nivel de ahorro que muchas familias no pueden reunir.
De este modo, lo que debería ser una herramienta de inclusión se convierte en un producto reservado a quienes ya tienen cierta estabilidad económica.
Además, la política de vivienda perpetúa una desigualdad territorial y de clase. España tiene una de las tasas de desahucios más altas de Europa, muchas veces por impagos de alquiler. Si no existe una alternativa habitacional, miles de familias quedan atrapadas en una cadena de exclusión.
A tiempo de revertirlo
La mayoría de expertos coincide en que estamos a tiempo de revertir la situación. Para ello, es necesaria una inversión sostenida en el tiempo y una voluntad política constante.
Un informe presentado en febrero de 2025 planteaba que, para cambiar el rumbo, España debería dedicar al menos el 0,55 % del PIB a vivienda social, duplicando el gasto actual.
Algunas propuestas incluían reforzar la colaboración público-privada, con condiciones claras de permanencia del parque protegido, establecer límites legales a la descalificación de VPO, aumentar el porcentaje de suelo reservado a alquiler social y crear un registro nacional de vivienda protegida, con seguimiento de precios y adjudicaciones.
En paralelo, para favorecer el alquiler social, se requiere un cambio cultural (y un contexto estable en el tiempo). España tiene una de las tasas de propiedad más altas de Europa (alrededor del 75 %), lo que, históricamente, ha dificultado políticas estables de alquiler público.
En cualquier caso, el déficit de vivienda social en España no es solo una anomalía estadística. Es un síntoma de una política de vivienda ineficaz, que durante décadas ha favorecido al mercado sobre el derecho a una vivienda digna.
En el fondo, mientras Europa consolida parques públicos robustos, España sigue improvisando. Y lo cierto es que sin vivienda pública no hay red de seguridad. No hay igualdad real. Y no hay futuro posible para millones de personas.
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