“De fuera vendrán y aquí nos ayudarán”. Esa es la idea que, en parte, defiende el Banco de España. La entidad ha calculado que el país necesita unos 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar en 2053 para mantener la economía del país y contrarrestar tanto la falta de natalidad como el envejecimiento de la población. No obstante, este pensamiento es una quimera, ya que España no genera tanto empleo y, por ende, la inmigración no sostendrá el sistema de pensiones.
El Informe Anual de 2023 del BDE defiende precisamente el poder de la inmigración para frenar el que es uno de los mayores desafíos a los que las principales economías del mundo deben enfrentarse durante los próximos años. Se habla de un hipotético stock, es decir, de cuánto debería aumentar el flujo de inmigrantes llegados a España en unos 30 años para conseguir sobreponerse a dicho problema.
Además, el informe señala que para conseguir que la tasa de dependencia en 2053 permanezca en el 26,6% de la actualidad (con una cifra de mayores de 66 años en 14.847.105 personas), se precisaría de un colectivo de entre 16 y 66 años de 55.897.931 personas. Aquí la inmigración pasa a ser fundamental.
Una visión muy alejada de la realidad
Lo que es llamativo es que el documento oficial del BDE se centre en la inmigración en lugar de la idea de aumentar la tasa de natalidad entre los nacionales, como principal arma ante el envejecimiento poblacional. Al final es un tema enrevesado y que viene a mostrar los puntos débiles de la economía de España.
Y es que al no generarse empleo estaremos condenados a que los jóvenes no se puedan independizar y, por ende, que no pudiesen aumentar la tasa de natalidad. El objetivo común debe ser se mejoren las condiciones y la calidad del empleo, con ayudas gubernamentales a emprendedores y jóvenes, en lugar de confiar en la llegada de inmigrantes para alcanzar el millón de empleados que se precisan anualmente de aquí a 2054.
Los retos de la economía española
Para fomentar el incremento del PIB, España necesita aumentar la productividad, el tamaño de las empresas y mejorar el mercado de la vivienda. Aunque España es uno de los países con mayor volumen de flujos migratorios, esta es una solución provisional y que para nada viene a acabar con el problema del sistema de pensiones actual.
El Banco de España señala que en los últimos años los trabajadores extranjeros han contribuido a reducir los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo en determinadas ocupaciones, especialmente en las de bajo nivel de cualificación. Pese a todo, el flujo migratorio no implica que el mercado laboral progrese y que se mejore el sistema de pensiones.
Y es que la mano de obra que llega a España no es altamente cualificada, en su gran mayoría, por lo que no está normalmente preparada para la transición tecnológica y ecológica en curso.
División de opiniones
Existe una gran polarización ideológica en la España actual, lo que demuestra discrepancias importante entre los socialdemócratas en el Gobierno y los conservadores en la oposición. Algo en lo que ambos grupos están de acuerdo es que los inmigrantes no constituyen el problema, pero tampoco la solución al sistema de pensiones.
Los gobiernos de Aznar y Zapatero solventaron el problema del desempleo atrayendo mano de obra barata desde Ecuador y Rumanía. No obstante, se trata de un empleo muy mal pagado, con millones de inmigrante adicionales que resolvían el problema de cubrir los puestos de trabajo precarios que los nacionales rechazaban.
Y es que ni los dos millones de inmigrantes que sumó Aznar ni los dos millones adicionales de Zapateros lograron acabar con las elevadísimas tasas de paro que presentaba España. De ahí que ahora PP y PSOE vuelvan a unirse, en pro de la idea de fomentar una mayor acogida de inmigrantes para fortalecer el empleo y pagar las pensiones, es un auténtico disparate.
No se encuentra el rumbo correcto
España se ha ido enfocando durante el último cuarto de siglo en la idea de crear cientos de miles de puestos de trabajo que los españoles no quieren ocupar. No obstante, al ser empleos en su gran mayoría ilegales, cotizan muy poco a la Seguridad Social y pagan muy pocos impuestos.
El problema y la solución no pasa por tener en España una mayor tasa de inmigración. Todo reside en lo poco que cobran y que cotizan los que llegan para aportar su mano de obra al conjunto nacional. Así que ni Feijoo ni Escrivá tienen en cuenta la situación real de la economía y del sistema de pensiones en sus declaraciones. Se cae en el populismo, pues realmente los inmigrantes no pagarán las pensiones de los españoles. Lo que pasará en un futuro es plena incertidumbre.