A lo largo de la presente crisis económica se ha hablado largo y tendido sobre la culpabilidad de los gestores económicos públicos en la misma, que en la mayoría de los casos, mediante su visión demasiado cortoplacista e interesada en la dirección de las distintas administraciones, nos han llevado a un punto de no retorno en el que se debe actuar para solucionar un problema estructural de la administración española.
En este sentido, existe un grotesco problema de incentivos, en el que estos gestores públicos no tienen ninguna razón desde el punto de vista económico para gestionar eficazmente la entidad o institución de la que sean su responsables ‘temporales’.
Al igual que a ninguno de nosotros se le ocurriría ignorar los objetivos departamentales de las organizaciones donde prestamos nuestros servicios profesionales, ya sea por miedo al despido o a la obtención de menores primas, a los gestores públicos se les debería enfrentar a situaciones parecidas.
Cuando atisban unas elecciones, los electores proporcionan un ‘voto de confianza’ a un determinado líder político, apostando por él para conseguir un futuro premeditado y diseñado sobre el papel a través de su voto, debiendo dotar a este pacto de una mayor confianza, pero, ¿cómo?
Esta tarea no se resulta ni mucho menos fácil, pero existen instrumentos para reforzar la confianza y garantizar el proceso, como la implementación de un contrato social. La pérdida de las garantías asociadas a este hipotético contrato, supondrían los incentivos suficientes, para que el gestor económico del ámbito público en cuestión se esforzase en cumplir con lo prometido, aumentando la eficiencia en su gestión, y la superposición del interés general al personal.
En El Blog Salmón | ¿Qué reformas necesita España?
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