El problema de la vivienda se acentúa en España. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se muestra satisfecho con la ‘Operación Campamento’, que dotará a Madrid de 10.700 viviendas, de las cuales un mínimo del 7% irán destinadas a alquiler a precios asequibles. Unas cifras insuficientes y que no acaban con la gran falta de oferta que presenta España, al límite del colapso.
Los pisos turísticos ganan terreno a las viviendas habituales. Desde el Gobierno acusan al Ayuntamiento de Madrid de imponer un Plan General de Madrid que limita la oferta de alquiler público. Por su parte, el gobierno local acusa a Moncloa de la falta de ayudas y de permisos para hacer posible estos proyectos.
La Operación Campamento está considerada como una de las operaciones urbanísticas más importantes en materia de vivienda de la capital. Tras aprobarse en Pleno Municipal el pasado martes 23 de septiembre, ahora se construirán las 10.700 viviendas prometidas en la zona suroeste de al capital, de las que el 60%, al menos, serán de protección oficial.
El proyecto de urbanización dará su pistoletazo de salida a finales de 2025, dándose a conocer las primeras viviendas antes de finales de 2027. Con ello, se daría uso a las antiguas instalaciones militares y se satisfacería la enorme demanda de vivienda y dotaciones locales y singulares. Pero la conversión de los antiguos terrenos militares que rodean la A-5 en un nuevo barrio de viviendas, no acaba por solventar el problema.
Unas cifras insuficientes
El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae) ha ofrecido los datos relativos al mercado de la vivienda en España. En la primera mitad del año se creció un 22,47% con respecto a 2023, pasando las viviendas autorizadas de 50.771 a 62.180. De seguir así, a finales de 2024 los visados para viviendas nuevas se cerrarían en los 124.000. No obstante, su efecto real sobre el mercado apenas se notará y supondrá un tercio de lo que precisa España en la actualidad.
El Informe sectorial CaixaBank Research recoge que, con las nuevas proyecciones de hogares del INE, se estiman 330.000 nuevas viviendas netas por año entre 2024 y 2028. Unas cifras superiores a las anteriores proyecciones de 220.000 hogares en el mismo periodo de tiempo. Hay que aclarar que el número de visados no se corresponde con el de viviendas acabadas.
Resulta, cuanto menos curioso, que solo un 25% del suelo sea destinado a viviendas. La ‘Operación Campamento’ se hace realidad en Madrid 30 años después y, aún así, solo el 25% del suelo va destinado a núcleo residencial y comercio. El 34,4% es viario, el 15,4% es para equipamientos, el 7% para instalaciones militares, el 17,3% para zonas verdes y el 0,9% terciario.
Según datos del Banco de España, se necesitan cada año 200.000 nuevas viviendas solo para cubrir la demanda generada por la creación de nuevos hogares. Sin embargo, apenas se construyen entre 80.000 y 100.000.
El lastre de la construcción de obra nueva
En España falta concienciación gubernamental, pero, especialmente, falta suelo. La Sociedad de Tasación asegura que, tras la crisis de 2008, se quedó mucho suelo en fase de desarrollo. Existe un claro déficit de suelo terminado y es muy difícil y costoso culminarlo. Antes todas las operaciones se financiaban, pero ahora la tendencia ha cambiado.
La esperanza del sector inmobiliario es la Ley del Suelo. El objetivo del texto normativo es resolver aspectos como la paralización de los planteamientos urbanísticos que se puedan desatascar fácilmente y que son un ‘cuello de botella’ para España. Y es que, de media, se tardan hasta 20 años en desarrollar algunos suelos para la construcción de viviendas.
Actualmente, existe casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Esta problemática afecta a casi cuatro millones de personas.
En España falta financiación y mano de obra. El Informe Anual de 2023 del Banco de España señala que existe una importante escasez de inversiones destinadas a la adquisición y promoción de nuevo suelo urbano. Hay mucha incertidumbre relativa a la rentabilidad de las inversiones y a las limitaciones en la disponibilidad de financiación para este tipo de actividades.
También se achaca la falta de mano de obra, acusada por el 55% de las empresas constructoras. Todo ello pese a que en la construcción los sueldos son un 30% más elevados que el SMI y presentan infinidad de oportunidades de profesionalización y de ascensos en la carrera laboral.
Hay que tener en cuenta los elevados costes de construcción, que, pese a que tienden a estabilizarse, todavía se sitúan un 29% por encima de los registrados en 2019.
España necesita construir 1,2 millones de viviendas sociales hasta 2030 si quiere alcanzar la media de la UE. Lo que demuestra la ‘Operación Campamento’ es que se trata de una solución meramente provisional, incapaz de solventar el problema que afecta la población española en la actualidad.
