La vivienda sigue siendo un problema latente en España que afecta millones de españoles. Lejos de intentar contrarrestar la situación, el Gobierno ha recortado a la mitad la inversión en las últimas dos décadas. De hecho, se presenta como el tercer país europeo con menor inversión, en lo que a porcentaje de PIB se refiere. Llama la atención que sea el único gasto público que ha disminuido en 20 años.
La situación se vuelve insostenible, especialmente para los jóvenes. El ritmo de los precios de la vivienda supera con creces al de los salarios, lo que provoca que muchas familias se ahoguen y presenten serias dificultades para pagar una casa.
Hasta hace unos años, España era uno de los países europeos con mayor gasto público en vivienda, en concreto, a finales de los 90. No obstante, de unos años para acá, ha pasado a situarse entre los últimos puestos del ranking. El peso del gasto público en vivienda sobre el PIB se ha recortado a la mitad en las dos últimas décadas y es de los peores territorios de la Eurozona.
⚠️Recordatorio sobre la (decadente) inversión pública en vivienda en España:
— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) July 27, 2024
❌En dos décadas se ha recortado a la mitad.
❌Tercer país europeo con menor inversión (como % PIB).
❌Es el único gasto público que ha disminuido en 20 años.@jgjorrin en:https://t.co/sN4WQAgDFV pic.twitter.com/PF6dJL3mtQ
Hundimiento de la inversión pública en vivienda
En el año 2022, según datos de Eurostat, España gastó 6.900 millones de euros en vivienda, incluyendo ayudas públicas para el pago de alquileres, hipotecas e inversiones en abastecimiento de agua y alumbrado público. Si se tiene en cuenta la partida exclusivamente dedicada a vivienda, se destinaron 3.700 millones de euros. Se trata de un 43% de inversión menos que en 2002.
Portugal es otro país europeo que ha recortado la partida presupuestaria destinada a la vivienda, pero en este caso, solo un 16%. Estos datos contrastan con los de otros países vecinos como Francia e Italia, en los que las inversiones en vivienda pública se llegaron a incrementar hasta en un 77%.
En el año 2002, España destinaba a vivienda algo más del 1% del PIB. Esta cifra, 20 años después, se ha reducido al 0,5%. Desde la crisis inmobiliaria, España no ha estado a la altura de las inversiones públicas en vivienda que se precisan, algo que ha propiciado el empeoramiento de la calidad de vida de los españoles.
El Gobierno de Pedro Sánchez trabajó por corregir levemente estas cifras, aunque sin grandes resultados, ya que se destinaron importes mayores a otras partidas presupuestarias, como las pensiones. Y es que el envejecimiento de la población encamina a España a ser de los países que más gaste en pagar las jubilaciones.
En el año 2018, el peso del gasto en vivienda pública era del 0,46% y en 2022 subió hasta el 0,51%. Esto supone un aumento del gasto de 1.400 millones de euros (un 26% más). Esta cifra contrasta directamente con el 76% de incremento de la inversión pública en vivienda en el conjunto de la Eurozona.
Análisis al detalle
La demanda supera con creces a la oferta. Desde Moncloa se ha admitido abiertamente que faltan aproximadamente un millón de viviendas para aliviar los precios de España. Con los precios alcanzando los niveles de la gran burbuja de 2007, la vivienda sigue en aumento, a un ritmo próximo al 7% interanual, superando incluso el nivel de los salarios y reduciéndose el poder adquisitivo.
Tomando como referencia un informe de la OCDE publicado en abril, el parque de viviendas sociales es más pequeño en Colombia, Estonia, Israel, Letonia, Lituania, Portugal y España. En estos territorios representa menos del 2% del parque total de viviendas.
La realidad es que los gobiernos democráticos han utilizado los subsidios públicos e incentivos fiscales para motivar la compra de propiedades privadas, pero no para fomentar la vivienda pública. Así pues, el 75% de los españoles ha accedido a una vivienda en propiedad, uno de los porcentajes más elevados de Europa. No obstante, el problema sigue estando entre los jóvenes y el 25% de las familias españolas que siguen viviendo de alquiler.
La solución pasa por construir más viviendas que fomenten el alquiler social, con precios por debajo del mercado. De este modo, se lograría ayudar a aliviar la situación de la vivienda en general, ya que el precio del alquiler determina el precio del activo. Con un precio de alquiler social poderoso se podría moderar el precio medio de los alquileres privados, algo que repercutiría directamente sobre el precio de la vivienda de venta.
Pero construir vivienda pública asequible no es rentable, desde el punto de vista político. Con la nueva Ley de Vivienda en la mano, ésta no incentiva la nueva inversión. Además, la fallida tramitación de la Ley del Suelo congela los planes urbanísticos por completo.
Con un incremento del precio de la vivienda de un 50% en la UE a lo largo de la última década, la Comisión Europea trabaja por elaborar un ‘Plan de Vivienda Asequible’ que aborde los problemas estructurales latentes. Hace semanas llegaron los primeros movimientos, con el Banco Europeo de Inversiones y la Generalitat de Cataluña anunciando un acuerdo para préstamos de 460 millones de euros con el objetivo de construir 4.300 viviendas sociales. De consolidarse, se haría efectiva la idea de que al gobierno también le preocupa la vivienda.
