La última hora en España pasa por la amenaza de ‘huelga de alquileres’ que los Sindicatos de Inquilinos de Madrid han hecho pública y que podría hacerse extensible a toda España para acabar con los abusivos precios de la vivienda. En este sentido, resulta interesante saber qué postura adoptarían los grandes tenedores, inmobiliarias, pequeños propietarios y hasta los gobiernos.
Algo claro es que la ‘huelga de alquileres’ en España es ilegal e ilegítima. Este escenario, en principio, no se contempla pues derivaría en demandas y en el desahucio inminente de los arrendatarios que se negasen a abonar parcial o totalmente sus cuotas. Pero hay una realidad; el efecto rebote.
La postura de las intermediarias: el caso Alquiler Seguro
Con esto queremos decir que si una compañía, por ejemplo, de seguros, tuviese que hacer frente a todos sus asegurados a la vez, podría llegar a implosionar y a quebrar inminentemente. El problema son aquellas inmobiliarias que tienen que respaldar a sus clientes para evitar problemas de imagos o morosidad, pero que dan prioridad a los derechos de los inquilinos sobre los propietarios.
Este es el controvertido caso de Alquiler Seguro. Si estabas pagando tu cuota a Alquiler Seguro como propietario, entonces es probable que el arrendador no tenga nada garantizado, tal y como el propio presidente de la entidad, Antonio Carroza, ha comentado recientemente en el canal 24 Horas de RTVE.
Lloro al ver al presidente de Alquiler Seguro (probablemente uno de los tipos más odiados de España) en apuros. 😂
— Kelu Robles (@Kelurobles) October 15, 2024
Vamos, que se la resbalan sus clientes.
Gracias, @PalomoVictorM 💅 pic.twitter.com/pE2jiKq10O
Al respecto, Carroza aseguró: "Entendemos que esta escalada de precios que se está produciendo es imparable y debemos corregirlo, pero la huelga de alquiler en España no está recogida como una figura legal".
Desde Alquiler Seguro se expresa que existe un método de colaboración y de entendimiento entre el propietario y el arrendatario, por el que se pueden compensar las cuotas con otros servicios, como de mantenimiento y de reparación de la vivienda. No obstante, ante la insistencia de los periodistas, el propio Carroza ha preferido eludir la pregunta.
Alquiler Seguro, como intermediaria que le aporta al propietario el capital que le falta en caso de impago de los inquilinos, no es capaz de saber cuántos meses podría soportar esa situación.
De hecho, desde la entidad, se alude a un caso de ‘política ficción’, que ni siquiera se plantea en el departamento de finanzas de la entidad. En este sentido, Carrazo expresa abiertamente que es un problema que podría extrapolarse a la Administración Pública, que tendría que asumir la huelga de alquileres de todo el parque inmobiliario español, no únicamente las 25.000 viviendas que ellos gestionan.
Una situación de tensión inesperada
Pero la realidad es bien distinta. Al margen de la imagen de tranquilidad que se quiera transmitir desde inmobiliarias o entidades intermediarias, empresas como Alquiler Seguro acabarían presionando al Gobierno para que interviniese el mercado inmobiliario y entrase en juego en este terreno.
Hay que tener en cuenta un supuesto caso en el que 5.000, de las 25.000 viviendas que posee Alquiler Seguro, se declarasen en huelga. A una media de 750 euros por mensualidad, serían casi cuatro millones de euros al mes que la entidad tendría que poner como forma de garantía para respaldar a sus clientes/propietarios.
En todo este escenario entra en juego la incertidumbre y la ‘letra pequeña’ de los contratos de las entidades intermediarias. Empresa como Alquiler Seguro presumen abiertamente de que, si los inquilinos pagan, ellos asumen algún mes que no puedan pagar. El problema radica cuando todos se declaran en huelga de alquileres. Una situación que, aunque sea ilegal, podría llevar al caos más absoluto.
Alquiler Seguro da servicio a más de 60.000 inquilinos y 25.000 propietarios. La escalada de precios es imparable y existe la necesidad de frenarlo, aunque la ‘huelga de alquileres’ es un escenario ilegal en España. Pese a todo, Alquiler Seguro y otras intermediarias que operan en el mismo ámbito eluden responsabilidades y aseguran que son las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia las que deben encargarse de tomar el pulso a los inquilinos descontentos.
Las inmobiliarias han sido capaces de solventar grandes problemas económicos como la gran crisis 2008-2009 o la pandemia del Covid 2020. No obstante, si hubiese una huelga de impagos masivos, estas entidades no estarían preparadas ante los gastos que se ocasionarían y los trámites burocráticos-legales que se abrirían.
En este sentido, Antonio Carroza, como presidente de Alquiler Seguro, se muestra plenamente tranquilo y asegura que son capaces, como empresa solvente, de afrontar cualquier tipo de inconveniente o imprevisto. No obstante, una huelga masiva de alquileres es una operación ilegal. Llama a la cordura y al uso de la razón por parte de sus inquilinos, pues cualquier operación o impago correría a cargo de los arrendatarios, pero en ningún caso las consecuencias serían asumidas por arrendadores o intermediarios.
No obstante, ese sería el efecto legal a posteriori, después de un largo proceso. Mientras tanto, inmobiliarias e intermediarios tendrían que hacer frente a los pagos frente a los propietarios. Crónica de un caos en el mercado inmobiliario español.