Que España tiene un serio problema con su sistema de pensiones, es de sobra conocido. Y que cada Gobierno que coge las riendas de Moncloa intenta sin éxito ponerle remedio también.
Nuestro país, es un país cada vez más envejecido. Según datos del NIE, mientras en el año 1960 el porcentaje de personas con más de 65 años representaba el 8,2% del total de la población en España, en el año 2020 alcanzó el 22,9% del total del censo. ¿Y esto que significa? Que el gasto en pensiones se encuentra más disparado que nunca en toda la serie histórica.
A falta de conocer los nuevos presupuestos, enredados tras las conversaciones del PSOE y Sumar con sus socios independentistas, el gasto en pensiones se elevó el pasado año hasta aproximadamente los 190.000 millones de euros.
Una partida que, solo de un año a otro, se incrementó en cerca de 20.000 millones de euros. ¿Qué pasará con en las nuevas cuentas públicas? Irremediablemente una nueva subida contada en millones de euros y así una espiral que parece no tocar fin. Aunque, como es lógico, algún día tendrá que encontrar solución para garantizar su sostenibilidad. Además, la AIReF pronostica que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, con un máximo del 16,3% del PIB en 2049.
En la actualidad, existen dos formas de sistemas de pensiones que bien se conocen en España. Por un lado, el sistema de reparto y por otro, el sistema de capitalización, pero ¿en qué se diferencian y cuál es la peculiaridad si se decidiera pasar de uno a otro?
El sistema de reparto es el sistema público de pensiones administrado por el Estado. Mientras que los pilares segundo y tercero de la previsión social, previsión en el ámbito de la empresa y previsión individual, son los que están basados en un sistema de capitalización. Hay países que deciden optar por uno u otro, o bien llevar a cabo un sistema mixto.
En el sistema de reparto, las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes -como es el caso actual de España-. También se lo conoce como un sistema de solidaridad intergeneracional. Porque es la generación cotizante la que financia la pensión de la generación jubilada, y a su vez la primera será financiada por la generación que le sigue.
En otras palabras, las cotizaciones que son recaudadas por los trabajadores en activo no se acumulan en fondos privados para poder proyectar futuros pagos a los mismos, sino que son empleadas en financiar las pensiones del momento.
El trabajador cotiza, normalmente de forma mensual, por una cuantía resultante de la aplicación un tipo impositivo a una base de cotización proporcional a sus retribuciones. En algunos países como en el nuestro, existe una base de cotización. En otros no, donde la base guarda una mayor relación con las retribuciones.
Por lo tanto, las bases de cotización de los trabajadores a lo largo de su vida laboral sirven para el cálculo de la futura pensión, de tal manera que ésta será mayor cuanto mayores hayan sido las contribuciones, si bien la pensión en estos sistemas no guarda una relación tan directa con las cotizaciones como en el caso de los sistemas de capitalización, pues en muchos casos ocurre, por ejemplo, que existe un tope para la pensión máxima fijado por ley, por lo que en el caso de cotizaciones elevadas, la pensión será inferior a lo que un cálculo actuarial de las cotizaciones determinaría.
¿Qué pasaría si el Gobierno decidiera pasar del sistema actual al sistema de capitalización?
En el sistema de capitalización, cada trabajador o trabajadora cotiza para sí mismo. Aquí las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, también con la evolución financiera y temporal de las.
Si el Gobierno de España decidiera pasar al sistema de capitalización, el componente de solidaridad intergeneracional desaparecería, sí que habría un fondo donde se guardarían las aportaciones de cada contribuyente a nivel individual para generar las próximas prestaciones. Algo parecido a un fondo de pensiones. Su financiación se repartiría entre el trabajador y el empleador.
Sí es cierto que en este sistema, las aportaciones son generalmente voluntarias, a cargo del trabajador o del empleador, y pueden ser periódicas y/o extraordinarias. Aunque eso sí, el acceso a las prestaciones se condiciona a acreditar una condición de jubilado legal bien sea a la edad ordinaria, con antelación o con posterioridad, no siendo posible acreditar otras situaciones que den acceso a las mismas.
Los peligros del sistema de capitalización
Aunque los defensores del sistema de capitalización como sistema de pensiones defienden que éste promueve la rebaja de la "cuña fiscal" del empleo, garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social y el aumento de la inversión. Los detractores también advierten sobre los peligros de que estos fondos sean utilizados por el Gobierno de turno para llevar a cabo sus operaciones partidistas particulares. Invertir, por ejemplo, en el IBEX o en grandes empresas con el objetivo de un enriquecimiento y aumento de los fondos que puede verse dañado con el consecuente drama que esto supondría para la población.
Sea cual sea el sistema elegido, España sigue sin avanzar en este campo. Y el gasto en pensiones continua mes a mes abriendo una brecha, para muchos, difícil de sanar.