Curiosamente después de la celebración electoral con la clara victoria del PSOE que permitirá a Pedro Sánchez asumir de nuevo la presidencia del gobierno, desde el Ministerio de Economía y Empresa, se ha enviado a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022.
Se trata de un documento muy interesante ya que contiene las medidas económicas que el próximo Gobierno llevará a cabo, o al menos esa es su intención inicial en este documento, y se aprecian ciertas medidas económicas que durante la campaña electoral fueron absolutamente calladas por la candidatura socialista.
Objetivo: Recaudación extra de 22.000 millones
El siguiente cuadro es clave para entender las perspectivas de futuro para la próxima legislatura. Se dibuja un escenario en el año 2022 de cuentas presupuestarias cuadradas ya que el total de ingresos y gastos públicos se igualaría hasta alcanzar el 40,7% del PIB.
Y ¿cómo llegamos a ese punto? Actualmente los ingresos públicos tienen un peso del 38,9% sobre la producción económica (469.538 millones de euros) frente al 41,3% del gasto público (499.520 millones de euros). Es decir, para alcanzar esa proyección, los ingresos deberán incrementarse en 1,8 puntos porcentuales y el gasto público se reduciría en 0,6 puntos (menor avance del gasto público frente al crecimiento del PIB).
Y ¿cuánto representa monetariamente un incremento de 1,8 puntos porcentuales sobre el PIB? Nada más y nada menos que 22.550 millones de euros con el presente PIB. Para entender lo que significa esa cifra, es prácticamente la recaudación en el Impuesto de Sociedades de todo un ejercicio, una cifra muy importante, que es difícilmente justificable en cuatro años.
¿Qué medidas se contemplan para esta legislatura?
El Gobierno hace sus propios números y tiene planeadas diferentes medidas impositivas para ayudar a las arcas públicas a alcanzar con éxito las cifras presentadas.
En primer lugar, hay que mencionar un paquete de medidas en el impuesto de sociedades que buscan acercar el tipo efectivo a nominal, buscando una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados. La clave está en limitar las exenciones para evitar la doble imposición. Y de ahí que se exigirá una tributación mínima (cuota líquida mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. Esta medida afecta aquellas empresas que tributan en régimen de consolidación fiscal y aquellas importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20.000.000 de euros.
Más impuestos en el IRPF. El Gobierno plantea un incremento de 2 puntos a los tipos impositivos sobre la base general para aquellos con unas rentas superiores a 130.000 euros y de 4 puntos para aquellos con 300.000 euros. Las rentas del ahorro también recibirán su castigo con 4 puntos porcentuales más para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando de un tipo del 23% al 27%.
Dentro de la fiscalidad verde, el Gobierno ha apuntado a los gasóleos. El objetivo final es una subida de 38 euros por cada 1000 litros. Está subida la pagará el consumidor habitual dejando de lado el gasóleo para uso profesional y el gasóleo bonificado que no sufrirán variaciones.
Los grandes patrimonios se verán asediados con una subida del impuesto sobre el patrimonio que se incrementará un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10.000.000 de euros.
El impuesto sobre las transacciones financieras que queda repercutido sobre el inversor, consiste en grabar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Estas acciones deben de cumplir dos condicionantes dos puntos están metidas a negociación del mercado regulado y con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
La creación de los impuestos a determinados servicios digitales buscar a grabar con un tipo del 3%, los ingresos generados por los servicios de publicidad online, servicios de intermediación y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Las empresas quedarían afectadas de ellas con cifras de negocio superiores a 750 millones de euros al año y cuyos ingresos derivados de las prestaciones de servicios sujeta a este impuesto sean superiores a 3 millones en el año natural anterior.
También tenemos algunas medidas impositivas que irían en contra del Presupuesto como la rebaja del tipo de sociedades para las pymes, la rebaja del IVA a los servicios veterinarios y al libro electrónico y las medidas de fiscalidad de género y desigualdad.
Según el propio gobierno, con el total de estas medidas impositivas, veríamos un impacto recaudatorio estimado en 5.654 millones de euros. Por lo tanto y suponiendo que las cifras recaudatorias del Gobierno se cumplieran, el ajuste valorado en 17.000 millones pendientes hasta los 22.550 millones, quedaría al amparo del crecimiento económico del país y que la evolución del gasto público avance menos que este crecimiento... Y todo ello, en un contexto macroeconómico complicado con la ralentización de la economía española.
Lenta reducción de la deuda pública
Otra de las cuestiones esenciales es la evolución del déficit y la deuda pública. España cerró 2018 con un déficit del 2,47% del PIB, frente al 3,03% del año anterior. Esto significa una reducción medio punto porcentual, al pasar de un déficit de 35.395 millones en 2017 a 29.904 un año después. Por lo tanto, a partir de este año España ya conseguido salir del procedimiento de déficit excesivo que se adentro hace 10 años en un proceso de fuerte crisis.
Seguimos con la lenta reducción de los niveles de deuda pública. Según se relata en el documento, al finalizar el actual ejercicio, se prevé que la deuda pública quede reducida en 1,2 puntos frente al año anterior, hasta situarse en el 95,8% del PIB.
El siguiente cuadro es de los más revelador. Y es que el Gobierno está considerando que la deuda pública se reducirá aún más lentamente que lo previsto en su actualización previa. Por ejemplo, para este año se preveía alcanzar una ratio del 95,2% y ahora se visualiza el 95,8%, para 2020 del 92,4% al 94%, para 2021 del 88,1% al 91,4% y finalmente la estimación para 2022 quedaría en el 88,7%. En total en cuatro años, nos sacaríamos de encima
En contraste, la ratio de deuda se ha reducido algo más de tres puntos desde el máximo alcanzado en 2014 y ahora, se esboza una reducción más de doble, y eso teniendo en cuenta el el menor crecimiento.
Y es que España se ha caracterizado por reducir lentamente su relación deuda pública sobre PIB ya que se ha mantenido con el país con mayor déficit de la Unión Europea y a pesar del crecimiento económico no ha sido suficiente para la consolidación fiscal rápida. De hecho, 2019 podría ser el primer año, después de 11 años, que se registrará un saldo presupuestario primario positivo, es decir alcanzar superávit.