Parece que está todo bien pensado: si se comparte piso entre varios, la cantidad se prorratea entre los inquilinos; no se puede recibir la ayuda por alquiler a familiares de primer o segundo grado; en la solicitud hay que indicar la dirección y referencia catastral de la vivienda. Todo esto para evitar fraudes, aunque se me ocurre alguna forma de engaño: el alquiler falso entre hijos de amigos.
La medida en si la veo problemática. Por un lado los propietarios tendrán preferencia por alquilar sus viviendas a jóvenes de 22 a 30 años con ingresos menores de 22.000 euros, ya que saben que estos tendrán 210 euros al mes exclusivamente para pagar el alquiler. Una persona que cobre 23.000 euros brutos al año tendrá las mismas dificultades para pagar un alquiler pero ahora le costará más encontrar una vivienda. Por otro lado no es lo mismo un alquiler en Madrid o Barcelona que uno en un pueblo alejado de una capital de provincia. Sin embargo la ayuda es la misma.
En definitiva, esta medida no es la panacea del alquiler. Se necesita aumentar la oferta de alguna forma para que los jóvenes lo vean atractivo, ya que los precios serán más razonables. Esto se conseguirá agilizando los desahucios, para que los propietarios no tengan miedo a alquilar (se supone que se han abierto juzgados especializados en este tema, pero habrá que verlo), y también incrementando el parqué público de viviendas de alquiler (edificios públicos sin usar, viviendas de protección para el alquiler, etc.).
Vía | El País