El pasado viernes, por primera vez en España, salió adelante la moción de censura que planteó el grupo socialista contra el gobierno del Partido Popular. Y, en consecuencia, Mariano Rajoy deja cargo de la Presidencia del Gobierno siendo sustituido por Pedro Sánchez.
La caída de Mariano Rajoy implica, a su vez, que todo su gobierno se desvanece. Por lo tanto, España consigue deshacerse de Cristóbal Montoro, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, conocido por una voracidad fiscal que ninguno de sus predecesores ha llegado a tan altos niveles.
Llegaron al poder con la pretensión de bajar impuestos y mintieron
En noviembre del año 2011, el Partido Popular consiguió acceder al Gobierno a través de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados otorgada por las elecciones generales. Cabe recordar, que por aquel entonces, España atravesaba una fuerte crisis con dificultades para cumplir el calendario de emisiones de deuda por los altos intereses que nos exigían y financiar su gasto público.
Recordemos que en 2011 se registró un déficit público de 8,5% del PIB mientras que el objetivo para ese año era un 6%, lo cual generó dudas sobre la capacidad de consolidación presupuestaria del Gobierno precedente de Zapatero.
En base a programa electoral del Partido Popular, las medidas eran claras... Se necesitaba promover una bajada de impuestos combinado con un fuerte control del gasto público para favorecer la estabilidad presupuestaria y promover la confianza de los inversores externos.
Pero al tocar la moqueta de Moncloa inmediatamente su programa económico quedó completamente ignorado, acometiendo una profunda reforma tributaria para cuadrar el déficit. Todo ello implementando en un contexto especialmente duro para las familias en el que España presenciaba un auge de su tasa de desempleo hasta alcanzar el 22,85%.
El saqueador Montoro: "Hemos descolocado a la izquierda"
Montoro era quién debía diseñar y cumplir este plan. Y lo curioso es la celeridad que se dieron en incumplir su programa. El Gobierno tomó posesión el 21 de diciembre de 2011 y el 30 de diciembre ya anunciaron subidas de impuestos enfocadas a la presión fiscal sobre las clases medias.
Disfrazándose como "temporal" y como "recargo de solidaridad", el ejecutivo anunció un incremento de impuestos a la rentas de trabajo a través del IRPF y los rendimientos del capital en la cuota estatal. El IRPF se incrementó con una gravamen complementario desde el 0,75% hasta el 7% según los diferentes tramos en la base imponible. Las rentas del ahorro se vieron fiscalizadas con un aumento en el gravamen desde el 2% hasta el 6%. Esta medida se extendió hasta antes de las elecciones generales en el que vimos la primera bajada del IRPF.
Por si fuera poco, paralelamente, se impulsó una subida del IBI a las viviendas que estuvieran por encima del valor medio tomando por referencia el valor catastral de cada municipio.
En setiembre de 2012, el gran otro sablazo fiscal lo encontramos en la subida del tipo general del IVA que pasó del 18% al 21% y el tipo reducido se elevó del 8% y el 10%.
Además, se incluía una reclasificación de productos y servicios gravados por este impuesto. Probablemente, el elemento que más polémica suscitó fue que teatros, cines y demás espectáculos pasaron a tributar al 21%, una medida que fue criticada por todo el sector como una fiscalidad abusiva que destrozaría su actividad. Únicamente esta medida ha tenido un impacto de recaudación extra de 15.000 millones de euros más al año, drenados del bolsillo de los contribuyentes a las arcas públicas.
Tiene cierta ironía la subida del IVA, pues tan solo un año antes de que entrará en vigor, el PP de Madrid lanzó la campaña "No más IVA", en protesta de la subida del IVA que formalizó del Gobierno de Zapatero, pasando el tipo general del 16% al 18%.
También hemos visto otras medidas como la eliminación de la deducción por amortizaciones a las grandes empresas y un gravamen del 5% para el incremento del valor de los activos (enero de 2015). No obstante, hay que resaltar también la bajada del tipo general de Sociedades del 30% hasta el 25%.
Por la parte de los impuestos indirectos, hemos visto las clásicas subidas en los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, la eliminación de la reducción para el gasóleo profesional, el llamado impuesto al sol, más impuestos a la lotería y las bebidas azucaradas.
Montoro dejará su cargo un mes después de que anunciara la creación de nuevas figuras impositivas para compensar el coste de la subida de las pensiones los próximos dos años. El primero ya lo conocimos que fue la anunciada tasa digital. No obstante, el resto de nuevas figuras impositivas no se conocieron pero se alegó que sería una fiscalidad indirecta (sobre el consumo) y dentro de las iniciativas tributarias europeas.
¿Cuando se acabará con el déficit público?
La gran bestia negra para el ministro Cristóbal Montoro ha sido controlar las cuentas públicas para promover la estabilidad presupuestaria. Y, atendiendo la Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, claramente ha fracasado.
España lleva más de tres años creciendo a un ritmo del 3% anual, una tasa superior a la media europea. Pero, a pesar de ello, no ha habido una voluntad férrea en deshacerse del déficit público durante estos años. Más bien, lo que hemos visto es una reducción muy paulatina del déficit público.
De hecho, el año 2017 cerró con un déficit del 3,07% en el conjunto de las administraciones públicas, siendo España el único país de toda la Unión Europea que aún se encuentra dentro del Protocolo de Déficit Excesivo.
Según se desprende de las actuales proyecciones, este año el déficit se situaría en el 2,2% y para el año 2021 se alcanzaría un ligero superávit del 0,1%, lo que significa que España lograría acabar con el déficit público 14 años después.
Si en el año 2011, España cerró con una deuda pública del 69,50% con una deuda pública de 743.530 millones de euros, Montoro nos ha dejado una deuda pública de 1,14 billones de euros (24.583 euros por habitante), lo que representa el 98,30% del PIB.
