El pasado 3 de enero entró en vigor en toda la Unión Europea la regulación MiFID II. Tiene como objetivo mejorar la protección de los clientes de servicios financieros, imponiendo normativas de transparencia para todo tipo de productos incluyendo acciones, fondos de inversión o divisas.
MiFID II es una ley ambiciosa y exhaustiva (consta de 97 artículos y varios anexos) que ha tardado siete años en prepararse, mientras que la banca europea ha tenido que afrontar importantes inversiones para adaptarse a sus requisitos. Sustituye y amplía la primera implementación de MiFID (acrónimo de directiva de mercados en instrumentos financieros), de 2007, que se enfocaba en la bolsa de valores y mercados análogos. La crisis puso de manifiesto que MiFID no ofrecía el nivel de protección deseado, de ahí este siguiente paso.
Pero la implementación de MiFID II no impacta sólo a los bancos y gestoras de activos. Todos los actores de los mercados financieros se ven afectados, y eso incluye a los clientes minoristas, es decir, a cualquiera de nosotros que realice una inversión en productos financieros. Por tanto, nos interesa saber qué es MiFID II y cómo nos afecta.
El objetivo fundamental de MiFID II: más transparencia, más protección
Con el objetivo de seguir restaurando la confianza de la sociedad europea en sus mercados financieros tras la crisis, MiFID II impone más transparencia no solo en los productos ofrecidos, sino en las comisiones cobradas a los clientes, muchas veces indirectas y ocultas en otros costes. En este contexto, la implementación de MiFID II ha puesto al descubierto que el coste real de algunos fondos de inversión era hasta cuatro veces superior al reportado hasta ahora.
Una de las grandes novedades de MiFID II es la regulación a las transacciones over the counter, es decir, intercambios extrabursátiles de productos financieros directamente entre dos partes y por tanto no controlados en mercados regulados. A partir de ahora, se negociarán en un nuevo tipo de mercado denominado OTF (Organised Trading Facility) y sometido a regulaciones similares a las de la bolsa.
MiFID II extiende la obligación de los intermediarios de reportar transacciones de acciones a otros muchos productos como bonos, ETFs y derivados financieros. También establece regulaciones específicas para las transacciones de alta frecuencia (basadas en algoritmos informáticos sin intervención humana), y límites cuantitativos en los mercados de futuros para moderar la especulación.
MiFID II aplica a cualquier tipo de institución financiera que realice actividades en la Unión Europea, así como a cualquier producto cotizado en mercados europeos. Es decir, un gestor de activos japonés que quisiera comprar acciones de Inditex para un cliente norteamericano también se vería afectado por la regulación, al tratarse de un producto cotizado en la bolsa española.
¿Cómo afecta MiFID II a los inversores particulares?
Al margen de la mayor transparencia en las comisiones cobradas, MiFID II introduce novedades en la relación entre los inversores particulares y sus intermediarios (bancos o gestoras de activos). Una de las principales es la introducción de nuevos tests de conveniencia e idoneidad, que deberemos pasar antes de adquirir cualquier producto financiero. Estos tests tienen como objetivo garantizar que el usuario conoce los riesgos a los que se expone, y que no se le van a ofrecer productos que no se ajusten a su perfil de riesgo (como sucedió en España con el caso de las preferentes).
Otro cambio muy relevante es la separación de los conceptos de ejecución y asesoramiento. El primer servicio es una mera intermediación en la que la entidad financiera no tiene que evaluar la decisión del cliente, mientras que el segundo implica una recomendación concreta por parte de la entidad financiera (ya sea presencial, por teléfono u online). A partir de ahora, se cobrarán comisiones explícitamente separadas por cada concepto, y además se limitarán los servicios de asesoramiento en casos de conflictos de interés (por ejemplo, la capacidad de un banco para recomendar a un cliente la compra de sus propias acciones, como sucedió el año pasado con el Popular).
En este contexto, MiFID II establece la obligación de conservar durante 5 años todas las comunicaciones de asesoramiento financiero con clientes particulares, incluyendo la grabación de llamadas telefónicas y el almacenamiento de mensajes de texto y correos. El personal que preste servicios de asesoramiento deberá además estar cualificado con el examen EFA (European Financial Advisor). También se regulan las bonificaciones que los profesionales financieros pueden cobrar por la venta de productos, para limitar el incentivo de los asesores a colocar productos a toda costa.
En resumen, MiFID II pretende conseguir una mayor protección de los inversores particulares desde tres puntos de vista: intenta garantizar que el inversor sea consciente de los riesgos a los que se expone (mediante los tests), separa las funciones de intermediación y asesoramiento, y limita los incentivos de las entidades para vender productos a clientes no adecuados. Está por ver si la nueva regulación evita escándalos como el de las preferentes, de momento parece que las inversiones particulares serán más seguras, aunque a costa de más comisiones.
En El Blog Salmón | MiFIR y MiFID2, así van a cambiar las finanzas europeas