Adam Smith inventó la metáfora de la mano invisible para intentar explicar el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios a través del libre juego de la oferta y de la demanda. Sin embargo, el mercado no es perfecto y en ocasiones la mano invisible conduce a situaciones indeseables como desigualdades sociales, posición dominante de algunas empresas o contaminación. Estos son los denominados fallos del mercado.
Un fallo del mercado es una consecuencia negativa de su funcionamiento y se produce cuando este no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles. Cinco son los principales fallos del mercado: la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta.
A continuación analizaremos en qué consisten cada uno de estos fallos y cómo interviene el sector público para tratar de corregirlos.
La inestabilidad de los ciclos económicos
La economía está sujeta a ciclos económicos, es decir, a fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión. Mientras que en las primeras la actividad económica y el empleo crecen considerablemente; en las segundas una gran parte de los recursos productivos disponibles permanecen ociosos, lo que hace que el valor de la producción de bienes y servicios disminuya notablemente.
La inestabilidad cíclica es el más importante de los fallos del mercado, ya que afecta directamente al número y a las características de los puestos de trabajo de un país. No en vano, el trabajo o mano de obra es el primer recurso que sacrifican las empresas cuando las cosas comienzan a ir mal.
Cuando esto ocurre el Estado tiene dos alternativas: primera, no intervenir, es decir, confiar en que el mercado salga por sí solo e la crisis y que la actividad económica vuelva a expandirse; y segunda, intervenir consumiendo o produciendo bienes y servicios para hacer crecer artificialmente os niveles de actividad económica y de esta forma compensar la ausencia de demanda privada.
Al conjunto de medidas e instrumentos que el Estado utiliza para intervenir en la actividad económica e intentar favorecer la marcha del país se denomina política económica.
La existencia de bienes públicos
En ocasiones, el mercado no es capaz de dar respuesta a determinadas demandas de la población, como las de tipo social. Este tipo de bienes se denominan no rentables para un inversor particular y suelen ser producidos por el propio Estado. Su principal característica es que es imposible impedir que las personas que no han pagado por ellos los utilicen. Piensen, por ejemplo, en el alumbrado público.
El suministro de estos bienes y servicios no rentables por parte del estado se concreta de varias formas: mediante producción propia (justicia, policía, ejército, educación...); adquiriéndolos a empresas privadas para posteriormente distribuirlos entre la población de manera gratuita (alumbrado, puentes, carreteras...); o bien subvencionando parcialmente su adquisición (sanidad, viviendas sociales...).
En cualquiera de los casos, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se detallan cada año los gastos previstos en este tipo de bienes y servicios, así como sus fuentes de financiación.
Las externalidades
Como consecuencia de su actividad económica, a veces las empresas generan una serie de efectos que perjudican a las personas que viven cerca de la misma. Por ejemplo, la contaminación acústica de una fábrica. Este tipo de efectos se denominan costes externos o externalidades negativas y son soportados sin compensación por personas ajenas a la empresa.
El Estado puede utilizar varios instrumentos para tratar de reducir o eliminar las externalidades. Las más importantes son tres:
Umbrales máximos: consiste en determinar unos límites que marcan la máxima contaminación que una empresa está autorizada a causar. Si se pasa, hay sanción.
Impuestos unitarios: es una cantidad que se paga en concepto de impuesto directamente relacionada con lo que se contamina. Por ejemplo, por cada kilo de dióxido de azufre emitido al aire se debe pagar 0,50 euros.
Licencias de contaminación: a determinadas empresas se les exige una licencia en la que se especifica el límite de visión de las sustancias contaminantes, el lugar, el periodo de vigencia...
Todas estas medidas de política medioambiental no previenen la contaminación, sino que la aceptan como un mal menor. Para prevenirla la única alternativa es que la sociedad sea consciente de que es responsabilidad de todos evitar el deterioro medioambiental.
La competencia imperfecta
Los monopolios, los oligopolios y la competencia monopolística son mercados de competencia imperfecta. Esta falta de competencia conduce a prácticas abusivas por parte de las empresas en la fijación de precios y de condiciones de venta, de forma que los consumidores nos vemos gravemente perjudicados.
Los acuerdos o pactos para fijar precios de venta o cualquier otra condición de la misma, la limitación injustificada de la producción o el reparto de mercado son ejemplos de consecuencias de mercados imperfectos que están prohibidas en la actualidad.
La defensa de la competencia es una prioridad del Estado, y a través de la Comisión Nacional de la Competencia intenta evitar estas situaciones de abuso de poder de ciertas empresas. La instrucción y resolución de los procedimientos abiertos en materia de defensa de la competencia y la elaboración de informes y análisis sobre la situación de competencia en determinados mercados son algunas de sus funciones.
La distribución desigual de la renta
Es inevitable que en el mercado solo expresen sus preferencias aquellos cuyo nivel de ingresos les permite pagar el precio de los bienes y servicios que ofrecen las empresas. En este sentido, la redistribución de la renta por parte del Estado es necesaria, si bien no suele ser demasiado eficiente.
La política económica no sólo tiene como objetivo estabilizar la economía para evitar las fluctuaciones negativas de la misma, sino también reducir las desiguales en la distribución personal o geográfica de la renta, estableciendo medidas y leyes para distribuirla. Este objetivo se consigue principalmente a través de la política fiscal, reflejada cada año en los PGE.
Las becas de estudio a familias cuyos ingresos no superen los 15.000 euros anuales, el salario mínimo o las subvenciones para la creación de empresas son algunos ejemplos de políticas redistribuidos de la renta. Todas ellas se basan en el principio de equidad, según el cual la sostenibilidad de los gastos del Estado debe ser financiada por todos los usuarios según su capacidad económica. Sin embargo, ¿esto es efectivamente así? Tenemos dudas al respecto.