En la sesión del Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero se fijaron las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional (SMI). Se establecen 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, de tal modo que en caso de estar prorrateadas las pagas extras hablaríamos de 1.260 euros mensuales en 12 pagas. Se consolida así una subida del SMI desde los 735 euros, un 47% más desde el inicio de la legislatura.
La nueva subida del SMI en un 8% durante 2023 es una iniciativa del Gobierno de Sánchez por cumplir la Directiva (UE) 2022/2041 del 19 de octubre, procurando que los trabajadores y sus familias puedan afrontar dignamente las necesidades básicas. No obstante, el sueldo medio en España está en los 2.350 euros brutos mensuales, más del doble del SMI mensual 2023.
La subida del SMI no siempre ha sido una iniciativa eficaz del Gobierno. En 2004, Zapatero quiso implanta una subida del SMI, pero eso implicaba un incremento en los precios y las prestaciones, así que decidió separar el SMI del IMPREM, dejándolos desde entonces en índices muy dispares. Desde ese preciso instante, las subidas del SMI no irían de la mano del IPREM.
Y ese es el problema real que encontramos en la actualidad, que la subida del SMI sigue sin estar equiparada al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el que se tiene en cuenta para reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Con esta nueva subida del SMI, el Gobierno también fija un incremento del IPREM para 2023 en 600 euros mensuales. De este modo, la cuantía mensual de cualquier subsidio por desempleo es equivalente al 80% del IMPREM. Así pues, el Ejecutivo fija ahora la cuantía por cualquier subsidio por desempleo en los 480 euros mensuales, a diferencia de los 463,21 euros mensuales de 2022.
Un cambio en el rumbo del Ejecutivo
En enero de 2020, la coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactó una modificación del IMPREM como parte de las medidas sociales, permitiendo que los ciudadanos tuviesen acceso a miles de millones de euros en becas, ayudas o subvenciones, aunque fijados de forma arbitraria. Esto ha provocado que el IMPREM lleve más de una década sin tocarse.
Dicho esto, cuanto más bajo sea el IMPREM menos familias tendrán acceso a los subsidios públicos, siendo su importancia esencial para permitir que los colectivos más desfavorecidos puedan acceder a recursos públicos. Es curioso, pero desde 2010 este indicador solo ha aumentado cinco euros y se posiciona en los 537,84 euros mensuales.
La medida de incremento del IMPREM afectaba por igual a todos los ministerios y administraciones públicas. El Gobierno aseguró hace dos años que se usaría el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para tomarlo como base para realizar la actualización, aunque posteriormente afirmaron que no descartaban que los cambios en el IMPREM se efectuasen por separado.
¿Qué recoge el IMPREM?
Conforme al artículo 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuitasiempre y cuando los ingresos económicos brutos sean del siguiente modo:
- Personas no integradas en ninguna unidad familiar: 2 veces el IMPREM, que no ganen más de 1.400 euros mensuales o 16.800 euros anuales.
- Personas integradas en una unidad familiar con menos de cuatro miembros: 2,5 veces el IMPREM, es decir, que no ganen más de 1.750 euros mensuales o 21.000 euros anuales.
- Personas integradas en una unidad familiar con cuatro o más miembros o familias numerosas: 3 veces el IMPREM, o lo que es lo mismo, que no ganen más de 2.100 euros mensuales o 25.200 euros anuales.
Una transformación insuficiente
El leve incremento del IMPREM 2023 deja fuera a familias y a parejas con hijos menores a su cargo que solo cobran el SMI, por lo que únicamente beneficia a personas no integradas en una unidad familiar. Aunque la subida del SMI beneficiará de media anual a 2.272.000 personas asalariadas, más de dos millones de personas pueden seguir quedándose fuera de la posibilidad de acceder al derecho a la asistencia jurídica.
Esta medida acabará afectando especialmente a mujeres con trabajos temporales y a jóvenes. Hay que destacar que el 37% de la población de 16 a 24 años que trabaja a jornada completa y el 19,2% de la población de 25 a 34 años que trabaja a jornada completa se verían afectados. Al final, zonas como Andalucía, Cataluña o Madrid son las principales damnificadas al reunir el mayor índice de SMI.
En este sentido, existe una necesidad urgente de retornar al módulo del SMI como módulo de referencia para la consideración del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, de tal modo que las familias que perciben el SMI puedan acceder a él al igual que los perceptores individuales.